Ley de radiodifusiónComo Manera de aportar información a los participantes de la página, extraemos este articulo de la Revista DEBATE, en la que amplia alguna información acerca de los objetivos que se persiguen con la nueva ley y nos presenta una encuesta en la estuvieron trabajando.

En el articulo, los periodistas de la revista adelantan que el gobierno nacional esta pensando en una consulta popular para solicitar la opinión de los ciudadanos, por lo cual es fundamental estar bien informado para tomar una decisión en un tema tan importante.

Los ejes de un proyecto conflictivo

La Presidenta dijo que impulsará la ley en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el domingo último.

Si bien el proyecto ya tiene lineamientos, todavía no está definido su contenido. Las elecciones de octubre próximo generan especulaciones. Las empresas de telecomunicaciones y las de televisión por cable todavía tienen demasiadas incertidumbres. La disputa de Telefónica y el Grupo Clarín por el triple play.

“El proyecto va a estar listo en mayo”, se expidió un funcionario cercano a la Presidenta. Se refiere, nada más y nada menos que al borrador de la nueva Ley de Radiodifusión. Sus palabras entran en sintonía con el mensaje pronunciado por Cristina Kirchner en el Congreso, el domingo último, cuando concentró todas las miradas del recinto, sobre todo por el momento y el espacio elegidos. Fue el único anuncio que hizo en la apertura de las sesiones parlamentarias, algo así como la inauguración del año político.

Sin embargo, y más allá de estas afirmaciones, el tema sigue cosechando más preguntas que certezas. ¿Se puede esperar alguna definición para antes de las elecciones de octubre próximo? ¿Qué va a pasar con las empresas de telecomunicaciones? ¿Y la televisión por cable?

Por el momento, como es habitual antes de cualquier desenlace, en Balcarce 50 reina el mutis, y más en este caso donde las respuestas parecen depender de la temperatura que regule la relación entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Pero, si se analizan los comentarios que se hacen de uno y de otro lado, todo parece indicar que el multimedio llevará tanto las de ganar como las de perder en la negociación.

Hasta ahora, en lo único que coincide el elenco oficial es en afirmar que la decisión está tomada. La pregunta que cabe hacerse, entonces, es por qué no antes y por qué ahora, cuando además de padecer una fuga de legisladores, el Gobierno deberá enfrentarse con lo que augura ser el test electoral más difícil en estos seis años. Conscientes de este escenario, desde el oficialismo anticipan a Debate que la estrategia será someter el proyecto a una consulta popular antes de mandarlo al Parlamento. Se sabe, la mayoría de la opinión pública está a favor de una reforma del actual régimen de radiodifusión (ver recuadro). En este sentido, el razonamiento que hacen en la Casa Rosada es que el apoyo servirá como un buen empujón para doblegar a diputados indecisos y acallar los argumentos en contra.

Claro que no es un tema fácil. Se trata de un terreno en el que aparecen muchos intereses y muchos actores en juego. Hoy, la disputa prácticamente parecería concentrarse en una cuestión: el triple play (la posibilidad de brindar los servicios de telefonía, Internet y televisión a través de un mismo soporte). O, mejor dicho, entre dos empresas, Telefónica y el Grupo Clarín.

Actualmente, las operadoras de telecomunicaciones tienen vedado el mercado de la radiodifusión, ya que la ley 22.285 prohíbe la adjudicación de licencias a las prestadoras de un servicio público y, si bien en un primer momento trascendió que el proyecto no admitía cambios, ahora hay una segunda versión que habla de ciertos matices técnicos como para dejar conformes a las dos partes.

Por ejemplo, se distingue entre “emisor de señal” y “medio de señal”, con lo que las telefónicas harían su entrada en el mercado como transportadoras, mientras que los multimedios seguirían como “emisoras”.

Al respecto, un dato curioso es la negociación que dejó trascender estos días el diario La Nación entre Telefónica y Direct TV, tendiente a incluir sus servicios en una única oferta, lo que pretendería ser una salida alternativa de la compañía española para ingresar en el negocio televisivo sin quebrar las trabas regulatorias.

En otras palabras, Telefónica se anticipó al peor de los escenarios sacando un peso de encima al Gobierno con la posibilidad de que la pelea se traslade a los tribunales, ya que algunos competidores estarían evaluando la posibilidad de una presentación judicial para impedir el acuerdo.

Concentración vs. democratización

“No va a haber monopolios informativos, ni de un rubro ni de otro. El objetivo será democratizar las comunicaciones”, sintetiza una fuente oficial intentando pintar -de manera escueta y sin agregar nada nuevo, por cierto- el estado del proyecto en el que trabaja el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, junto a un equipo de asesores.

Con respecto a cómo será el régimen de licencias, se informa que se reducirá de 24 a 12, o a 10, el número de licencias por operador, pero no se dan más detalles acerca de, por ejemplo, cómo funcionará territorialmente la delimitación, o si las absorciones de medios, especialmente en el interior del país, serán consideradas como una nueva licencia.

Todavía, incluso, se debate qué va a pasar con las cooperativas. La norma vigente sólo contempla a “una persona física o sociedad comercial”, obligando a los medios alternativos de comunicación a permanecer en el limbo legal. La posibilidad de abrir el juego constituye uno de los principales reclamos de diversos sectores sociales, e inclusive, hay dos fallos de la Corte Suprema donde el artículo de la ley fue declarado inconstitucional.

Otro punto en conflicto es la regulación de la televisión por cable. Hasta el momento, el único borrador que se dio a conocer pasaba a considerarla como un servicio público, en lugar de un servicio complementario, lo que en la práctica significa que el Estado será el que determine las titularidades, fije tarifas y rescinda los contratos del área. Como es de esperar, se trata de una cuestión que no termina de caer bien al Grupo Clarín, que a pesar de haber conseguido la aprobación durante la gestión de Néstor Kirchner para fusionar Multicanal y Cablevisión, desde el conflicto con el campo ha tenido que luchar con el oficialismo sobre el tema. Es más, en el Comfer aseguran que se sigue evaluando si el mencionado grupo no excedió la cantidad de licencias permitidas por ley y se especula con que la nueva regulación del espacio podría poner punto final a la operación.

En sintonía con esto, el Gobierno también está evaluando sumar canales de aire para ampliar la oferta y estimular la competencia. Eso sí, su implementación dependerá de las posibilidades de digitalización del sistema, otra discusión que se ha venido postergando por años.

En 1998 se adoptó, por decisión del ex secretario de Comunicaciones de Carlos Menem, Germán Kammerath, la norma ATSC, de origen norteamericano. Sin embargo, la resolución fue declarada “nula” dos años más tarde por Henoch Aguiar, al frente de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) en la gestión de Fernando de la Rúa. En la actualidad, todo parece indicar que, finalmente, será adoptado el régimen japonés, el mismo que eligió Brasil.

Aunque muchos aseguran que, para tener la ley de televisión digital, primero habrá que esperar a ver la de Radiodifusión.

Al Congreso

Pero el signo de interrogación no sólo está puesto en qué dice o no dice el borrador, o si el Gobierno presentará de una vez por todas el proyecto. La otra gran incógnita es, si lo presentara, qué podría llegar a pasar. Se sabe que, por estos días, el marcador en el Congreso aparece bastante incierto, y el que hoy juega como local, mañana puede ser visitante. La renuncia del senador Carlos Reutemann al bloque oficialista y la pequeña ola de deserciones que trajo aparejada, dejó al oficialismo no en situación de desventaja numérica pero sí en condiciones más débiles. Y, si se observan las declaraciones que han hecho representantes de la oposición (ver recuadro) tras el anuncio de Cristina, es de presumir que la batalla que le espera al oficialismo no será fácil.

Además, no hay que olvidar los antecedentes e intentos frustrados de reforma que, en estos veinticinco años, acumuló la ley, por cierto, mal llamada “de la dictadura”, si se toman en cuenta todos los remiendos con los que los sucesivos gobiernos democráticos lograron empeorarla.

Es más, el único proyecto presentado actualmente en el Congreso (muchos ya perdieron estado parlamentario) también proviene del kirchnerismo; en verdad, de un grupo de radicales K liderado por el hoy subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.

En lo que podría considerarse como un intento para abrir la cancha al proyecto oficial, esta iniciativa llevada al Congreso, en diciembre último, por los diputados Silvia Vázquez y Claudio Morgado tiene muy pocas disonancias con el borrador que se estudia en el Comfer.

A saber: destaca la necesidad de que haya una fiscalización parlamentaria dentro del régimen de radiodifusión, no modifica el artículo referido a las empresas de servicios públicos y mantiene el cable como un servicio complementario.

“Quisimos mostrar que hay una voluntad política por avanzar en este tema. En diciembre, se cumplieron veinticinco años de democracia y quisimos dejar testimonio de que aún se sigue sin una nueva ley que apunte a la democratización del espectro”, explicó López. Inmediatamente, apuntó contra la oposición, sobre todo, al senador y jefe del radicalismo, Gerardo Morales, quien acusó al Gobierno de perseguir “el control de los medios de comunicación”. Al respecto, López concluyó: “La oposición, al plantear que no es el momento, termina siendo funcional a los grandes grupos. Critican al Comfer por prohibirle al Grupo Prisa (empresa española propietaria de Radio Continental y editora del diario El País, de Madrid) retransmitir programación, cuando, en realidad, lo que está haciendo es aplicar la ley vigente; y critican al Gobierno cuando intenta reformar esa ley. Y ellos, ¿qué hacen? El problema es que no quieren una nueva ley, porque eso va a implicar cambiar las reglas del juego”.

Deja un comentario