El grupo español conducido por Antonio Brufau emitió un documento que fue entregado a las empresas ibéricas que operan en el país donde cuestiona al Ejecutivo por “hostigamiento” y de “vulnerar la seguridad jurídica”. Además, el consorcio cuestionó el “intervencionismo oficial”.

Luego de más de 100 días desde la expropiación de la petrolera YPF, Repsol volvió a la carga contra el gobierno nacional. Esta vez, el grupo español hizo circular un informe de 11 páginas a las firmas ibéricas con emprendimientos en el país con el objetivo de criticar las políticas económicas y de hidrocarburos impulsadas por el gobierno encabezado por Cristina Kirchner.

Con la firma de Antonio Gomiz Sáez, ex vicepresidente Ejecutivo de YPF por Repsol, e Iñigo Alonso de Noriega Satrústegui, director de Asuntos de Gobierno Corporativo, el texto defiende la gestión realizada por Repsol, al timepo que cuestiona duramente el plan de inversiones elaborado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. En otro tramo, ataca el intervencionismo oficial en la economía.

El documento, subtitulado como “ilegalidad sin precedentes”, considera a la estatización de las acciones de YPF como “expoliación”, y que por su “magnitud, ilegalidad, gravedad y arbitrariedad” no tiene parangón en “la moderna industria petrolera internacional”. Según el documento, la medida pone a la Argentina como un grave ejemplo de “inseguridad jurídica”.

Repsol utiliza el texto para victimizarse, al entender que padeció una campaña de “hostigamiento” en una política concertada entre las autoridades nacionales y provinciales para generar un clima propicio a la expropiación, y pretender reducir el costo de la petrolera a través del hundimiento de la cotización de sus acciones.

Entre las presuntas ilegalidades señaladas, Repsol afirma que la expropiación “carece de una verdadera causa de utilidad pública” y que “vulnera la garantía constitucional de igualdad y no discriminación (…) al sujetarse a expropiación no todo el sector de los hidrocarburos, sino únicamente a una empresa y, de ella sólo a un 51% y a un único accionista”. Indica también que Argentina “incumplió el compromiso que formuló en la privatización de YPF de lanzar una OPA sobre todas sus acciones en caso de volver a tomar el control de la compañía”.

De acuerdo a Repsol, la intervención de YPF habría sido nula porque fue dispuesta por el Ejecutivo y no por el Poder Judicial, lo que “vulneró la exigencia legal y constitucional de la indemnización previa a la desposesión y la garantía constitucional del derecho de propiedad”.

“La manifiesta ilegalidad de las medidas adoptadas, y el deliberado incumplimiento de su promesa de OPA, son una señal clara de la inseguridad jurídica existente a fecha de hoy en Argentina”, concluye el documento.

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