Los nervios del poder real anterior a 2001 siguen intactos. Su modo de obtener beneficios no ha sido modificado.

Por: Alejandro Horowicz para Tiempo Argentino

Tres acontecimientos, aparentemente inconexos, iluminan el conflicto político que recorre esta sociedad: la destitución del tribunal tucumano vinculado al caso Verón, los dichos de Alfredo Astiz ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad y los insultos a un funcionario del gabinete económico. La decisión de la legislatura tucumana, a través de la Comisión de Juicio Político, de aceptar por unanimidad el pedido de destitución presentado por Susana Trimarco, es el primero. Conviene recordarlo, se trata de los tres jueces que absolvieron a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Mientras las respuestas del “capitán” Astiz al juez Leopoldo Bruglia, respuestas con que el ex marino intentó fundar la “ilegitimidad” del tribunal, constituye el segundo. Y el acto de matonaje contra Axel Kicillof (junto a los integrantes de su grupo familiar, su mujer y dos niños pequeños), a su regreso de Uruguay en la clase turística de Buquebus, organiza el tercero.

¿Existe un hilo conductor?

Arranquemos al revés; el “sentido común” de los medios justifica el matonaje contra un funcionario, por la rispidez que el gobierno nacional impone a la sociedad en su conjunto, y acepta por esa vía con reticencia la existencia de un conflicto. Pero de ningún modo se trataría para ellos de un conflicto legítimo, un conflicto político, sino de su desnaturalización. Los medios comerciales concentrados parecen creer que el problema es simple, el poder fáctico, sus demandas y necesidades, no pueden no ser atendidas incondicionalmente; y si el gobierno no lo hace adecuadamente, semejante comportamiento insensato, y a la postre “demagógico”, tiene como único objetivo obtener los votos que permiten ejercer esta “tiranía”.

Las necesidades populares no existen, las garantías del welfare state caducaron. Tan es así, que la Europa keynesiana, que las adoptó durante la guerra fría, las dejó ¿definitivamente? atrás. Y en la última cumbre los líderes de la Unión Europea aceptaron otro recorte brutal al gasto público, otro ajuste tradicional, para lograr el ansiado equilibrio fiscal.

¿Si la rica Europa se aviene, la patética Argentina se siente con derecho a disentir?

Cada uno debe garantizarse para sí y por sí la sobrevivencia, los que no lo hacen no son suficientemente previsores y nadie debe –recordemos la vieja fábula de la cigarra y la hormiga– asegurarle a otro lo que este no se asegura a sí mismo. Sólo la “demagogia populista”, el peronismo en suma, puede intentar –sin lograr, por cierto– que recursos privados se transformen en públicos para modificar –aunque sea muy levemente– la distribución del ingreso nacional.

Como la Constitución Nacional impone la división de poderes, aunque más no sea formales, y los “votos” no lo permiten todo, avasallar “la justicia” (se refieren al Poder Judicial) está en la naturaleza de las cosas. El gobierno K sumó cuatro de los siete integrantes de la Corte Suprema actual, jueces que vienen durando lo que nunca duraron, de modo que “fabricó” una mayoría inexistente con el evidente propósito de someterla a su férula política. Y es precisamente esa Corte, la que procedió a la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, leyes que pusieron fin a la ausencia de punición por los crímenes aberrantes, la que hizo posible el “terrorismo judicial”, para transformar la derrota de la “subversión” en victoria K.

Pues bien, esos son los “argumentos” –implícitos y explícitos– que Astiz enarboló ante el tribunal. Vale una precisión: no lo hizo de cualquier modo. Dijo: “Soy el capitán de Fragata de la Armada Argentina, Alfredo Astiz. No voy a responder ninguna otra pregunta.” Según los acuerdos de Ginebra un combatiente está obligado a suministrar, cuando es tomado prisionero, su nombre, el arma a la que pertenece y el grado que detenta: nada más resulta exigible. De lo contrario, de exigir otra cosa, se viola el derecho internacional público que regla la guerra moderna. Astiz actúa como si fuera un “prisionero de guerra” capturado por el “enemigo”.

Recordemos la defensa de los integrantes de las tres juntas militares en 1985. Trataron de explicar que ellos no habían cometido ningún delito. Sostenían que las pruebas aportadas eran inconsistentes, que se trataba de “subversivos” que mentían por venganza, que cumplieron órdenes legales impartidas por un gobierno legal. Astiz dice otra cosa. Sostiene que hizo lo que dicen que hizo pero como cumplió órdenes legales no es delito; que el delito lo cometen sus acusadores. Es decir, ataca el fundamento mismo del orden político existente, sostiene implícitamente que existe porque ellos vencieron, y que en lugar del debido respeto y el merecido agradecimiento recibe un escarnio “ilegítimo”.

EL CASO MARITA VERÓN. El juez penal tucumano Emilio Andrés Herrera Molina no sólo rechazó la decisión del gobierno provincial –desconocer su renuncia al cargo–, calificó el pedido de juicio político como “linchamiento público”, e insistió en acusar al gobernador José Alperovich de ser “la única persona que tuvo en sus manos los medios institucionales, políticos, materiales y efectivos para dilucidar la triste desaparición de Marita Verón, y que contó con el poder absoluto del Estado durante todos los años en que se podía mover cielo y tierra para esclarecer los hechos, recolectar pruebas e individualizar a los culpables”.

Curioso comportamiento. Si Herrera Molina hubiera acusado al gobernador Alperovich previamente a dar sentencia, estaríamos ante un conflicto inusual de poderes. El argumento sería este: la justicia sin pruebas no es justicia, y en este caso, las pruebas no sólo no fueron aportadas sino que fueron sistemáticamente impedidas o al menos dificultadas por el gobierno provincial que ejerce el poder de policía. Si la investigación se hubiera realizado correctamente, los poderes fácticos (la mafia de tratantes de personas), amparados por una vasta trama de complicidades sociales y políticas, hubieran quedado al descubierto. Y el conflicto no sería entre una madre que solicita y no obtiene justicia, sino entre esa poderosa mafia frente al Estado provincial.

Un poder que debe ser destruido, la trata de personas, frente a un poder que debe ser reforzado legítima y legalmente. Con la complicidad manifiesta de Herrera Molina, esto todavía no se ha hecho. Algo queda claro: no es cierto que la responsabilidad culmine en los tres jueces y, si así terminara siendo, Herrera Molina tendría una horrible razón, ya que efectivamente estaríamos ante un “linchamiento público”.

Ahora sí vale la pena repensar los conflictos políticos. Mientras el problema permanece en el terreno del debate, la lucha por ganar la hegemonía discursiva, mientras se trata de saber si fue de un modo o si fue del otro, los argumentos son decisivos. Pero una vez que los argumentos son fuertes y no pueden ser respondidos salvo con insultos y agresión física (como los que recibió Kicillof), los argumentos no bastan. En ese momento es preciso modificar el poder real contra el que se está debatiendo. Y si ese poder no se modifica, quienes se enfrenten a él descubrirán algo terrible: los argumentos comienzan a temblar, lo que hasta ayer era claro, hoy deja de serlo. Así Astiz nos hace saber que sus “argumentos” miserables serán los que terminen por pesar, si el poder real no se modifica. Ese es el punto.

No se trata de probar, por ejemplo, que la trata de personas es injusta. Nadie lo ignora. Se trata de que las redes, protegidas por la policía, sean desbaratadas. Los nervios del poder real anterior a 2001 siguen intactos. Su modo de obtener beneficios no ha sido modificado, y la idea de que es posible avanzar en la ejecución de un programa democratizador de la sociedad argentina en términos básicamente discursivos no sólo es ingenua, además es peligrosa.

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