Fueron dos horas y media de combate legal del más alto nivel. Pero aún quedan dudas por develar. La audiencia tuvo nada menos que 98 preguntas de parte de los tres camaristas de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito Federal de Nueva York.

Duró casi tres veces el tiempo originalmente previsto y con una participación de los jueces muy amplia en términos de la cantidad y calidad de sus preguntas. Además, la apelación “en banc” que pidió la Argentina fue rechazada, quedando menos opciones procesales.

El abogado de la Argentina Jonathan Blackman manifestó que un tratamiento igualitario debe basarse en pagar igual tanto a los tenedores de bonos canjeados como a los inversores holdouts. “Nuestra propuesta de pago no puede contradecir políticas públicas. Por eso hemos dicho que el Poder Ejecutivo está preparado para remitir un proyecto de ley al Congreso para que reabra la denominada ‘ley cerrojo’ y ofrecer los mismos términos que se dieron en los canjes. Cualquier pago adicional no podrá ser realizado por la Argentina… Incluso, de hacerlo, enfrentaríamos demandas de holdouts adicionales por aproximadamente u$s 10.000 millones y además también de los tenedores que ingresaron a los canjes por u$s 23.000 millones”, dijo el abogado del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Una de las primeras preguntas de los jueces fue: “¿Si el fallo fuera desfavorable, la Argentina no cumpliría los mismos?”. Su respuesta, entre otras argumentaciones, fue que no se puede obligar a un Estado soberano a cumplir una sentencia en Estados Unidos que vaya contra sus principios de política interna: “La Argentina está preparada para pagar lo mismo que está pagando actualmente, no más. Además pagar implicaría darle una preferencia a los holdouts. Y adicionalmente la obligación de pagar afectaría derechos de terceros”, respondió Blackman. Ante la insistencia de la pregunta, la respuesta siguió siendo negativa, ante lo cual la jueza Reenna Raggi comentó que de ser y darse un fallo contrario, habría un nuevo default.

Los jueces también preguntaron cómo puede considerarse algo equitativo una situación donde un grupo de inversores tiene deuda impagas y no han cobrado nada durante 11 años, mientras que otros vienen cobrando desde 2005. “¿No sería inequitativo al revés? Y además los demandantes tienen un contrato vigente con bonos vencidos y exigibles que la Justicia debe respetar ya que nosotros no podemos reescribir los términos de los contratos”, manifestó la jueza Raggi. Blackman nuevamente se refirió al caso particular de la ley de inmunidad soberana, a los canjes, al nuevo eventual llamado a reestructurar deuda y a los principios internos de políticas públicas de la Argentina.

David Boies, en representación de los bonistas que ingresaron al canje, y el abogado del Bank of New York (BONY) se centraron en la protección de los derechos de los tenedores de bonos canjeados y en que la medida cautelar no puede afectarlos. Tampoco al banco fiduciario. Boies nuevamente dijo que sus clientes eran “rehenes” de la situación y pidió que no se los prive de cobrar. Y al BONY que se lo excluya de las medidas cautelares porque no tuvo derecho de defensa y “no actúa en concierto ni es agente de la Argentina”. Aquí se trabó la audiencia con preguntas y respuestas muy técnicas sobre el rol del BONY y el alcance de la medida cautelar sobre ellos. Luego en la segunda sesión de preguntas quizá se fue destrabando.

Frases

Luego fue el turno de Ted Olson, el abogado del fondo buitre Elliot, exabogado del expresidente de EE.UU. George W. Bush en el caso que le dio la presidencia en 2000. “La Argentina no ha propuesto una fórmula de pago concreta como fue su obligación conforme los fallos… Mis clientes tienen un bono vencido y exigible y no han cobrado nada en once años. La Argentina tiene dinero de sobra para pagar esta sentencia. Además hemos pedido varias veces los estados contables del Banco Central y nunca los hemos recibido”. Olson citó frases de funcionarios argentinos (anteriores al escrito de oferta de posibilidad de reabrir el canje) donde decían que no se pagaría nada a los demandantes. Pero uno de los jueces (Pooler) dijo: “Bueno, a veces los políticos dicen cosas y luego hacen otras” (lo que generó la primera carcajada en el público). “Y está bien si antes dijeron que no pagarían y luego dijeron que sí”, amplió (risas adicionales del público). “Nuestros clientes no pueden aceptar cobrar menos que lo que establecen los términos y condiciones, es decir 100 por ciento más intereses. Este litigio viene desde 2004 y los tenedores de bonos canjeados sabían del mismo y del riesgo que implicaba ingresar al mismo y que los que no entraban pudieran cobrar el total por vía judicial. Incluso la Argentina lo escribió como factor de riesgo en ambos canjes”.

Los jueces luego le preguntaron sobre las medidas cautelares sobre BONY y respondió que las mismas no violan las leyes y que corresponden a los fines de hacer cumplible la sentencia. “BONY no será considerado en desacato si cumple la sentencia”, dijo Olson. Agregó que la situación de “rehenes” la genera la Argentina, no ellos. “El país tiene una larga historia de defaultear y esta vez lo hará de nuevo en caso de tener fallos desfavorables. La Justicia de los Estados Unidos no puede quedar expuesta a esta situación de declaración de no cumplimiento de sus órdenes judiciales”.

Luego los jueces preguntaron sobre las próximas fechas de pago de los bonos canjeados y la respuesta fue el 31 de marzo por un monto aproximado de u$s 350 millones. Hubo un intercambio ríspido relacionado con la compra por Elliot de derivados para protegerse de un eventual default: “Dicen que su cliente compró seguros contra default, ¿eso no es un conflicto de intereses, ya que en caso de incumplimiento cobraría por dichos derivados?”. La pregunta sorprendió a Olson, quien intentó que el tema no tome forma.

Posteriormente fue el segundo turno de Blackman, donde se refirió a la impaciencia de Griesa antes mencionada y a la ilegalidad de las medidas cautelares en virtud de principios de inmunidad soberana. Pero ratificó al final de su presentación que la Argentina no pagará más que los canjes. “¿Por qué defaultear sin hacer un esfuerzo para evitarlo?”, fue la pregunta inmediata de Raggi. “Sí, hicimos”, respondió Blackman: “Ofrecimos dos canjes y ahora ofrecemos lo mismo”. “Esto es un régimen de soberanos y por lo tanto se sabe que los mismos están protegidos por las leyes de inmunidad soberana”, amplió.

Los últimos intercambios fueron con el abogado del BONY y Boies nuevamente, donde se vivió una situación de alguna clarificación hacia futuro con respecto a la medida cautelar sobre BONY. “Hay mucha evidencia de que la Argentina usa al BoNY para cumplir con las obligaciones de pago, además de fiduciario es también agente de pago”, afirmó uno de las jueces.

“Por ejemplo, ¿quién paga los honorarios del BONY?”, amplió. Boies consultó con un miembro de su equipo y respondió que el dinero sale de los pagos que hace la Argentina. “¿Está seguro? O la Argentina paga sumas adicionales?”, repreguntó Raggi. Boies consultó nuevamente y respondió que la Argentina pagaba sumas adicionales. “Ah, entonces es también agente de la Argentina”, dijo la jueza. “Pero eso no implica que puedan violarse nuestros derechos a recibir los pagos”, respondió Boies.

Luego los jueces concluyeron la sesión. Queda sólo esta instancia y eventualmente la Corte Suprema.

Fuente: Ámbito Financiero

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