Durante las reuniones realizadas en la Biblioteca Nacional se trazaron las líneas sobre las que jueces, fiscales y funcionarios trabajarán hasta el 31 de mayo, cuando se realice un nuevo encuentro en La Plata. Las propuestas.

El segundo encuentro por una Justicia Legítima cerró ayer con la promesa de profundizar un diverso temario de reformas internas del Poder Judicial y con una fecha marcada en el calendario para oficializar una nueva asociación dentro de la justicia. El 31 de mayo, en la ciudad de La Plata, volverán a darse cita jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales que cuestionan las actuales prácticas corporativas, y que congregaron en dos jornadas de discusión en la Biblioteca Nacional, a alrededor de 2000 personas. No pudo alcanzarse un acuerdo para la redacción de un documento final que resumiera las conclusiones a las que arribaron, pero se definió bajo qué ejes se plantearán propuestas para cambios concretos. También colaboró en la prudencia la expectativa centrada en el mensaje presidencial de hoy, que se espera que tenga a las reformas para democratizar la justicia entre sus ejes.

“Hemos llegado a un momento de inflexión, y a partir de ahora cada uno de nosotros debe interpelarse si quiere hacer carne el cambio que anhelamos”, señaló en el cierre la defensora general, Stella Maris Martínez. “A partir de mañana, cada uno de nosotros tiene que militar por estas conclusiones para que todos, desde el Poder Judicial pero también desde la comunidad, exijamos una justicia legítima. Hasta hoy algunos nos sentíamos muy solos y hoy sabemos que ya no lo estamos”, cerró la jefa de los defensores públicos. La constitución como una nueva asociación –paralela a la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura–fue identificada como una de las primeras necesidades para obtener una organicidad propia. Todas esas asociaciones fueron las firmantes de un duro documento en el que denunciaban presiones del Poder Ejecutivo, y que terminaron por disparar la reacción de un sector del Poder Judicial que derivó en estas reuniones que comenzaron el miércoles.

Desde las 14 de ayer, se reanudó la actividad en la Sala Jorge Luis Borges, a través de la realización de cuatro talleres de trabajo en los que se abordaron propuestas ante las problemáticas de “Independencia Judicial”, “Gestión Democrática y Participación Ciudadana”, “Mecanismos de Ingreso, Promoción y Disciplinarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos” y “Recursos, Política de Transparencia y Rendición de Cuentas”.

Según confiaron varios de los participantes del encuentro a Tiempo Argentino, este último punto vinculado con el manejo presupuestario, hoy en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, fue identificado como uno de los puntos clave en los cuales se debía “intervenir” para logar una transparencia en el manejo de los fondos que administra el Poder Judicial. En la primera jornada el camarista de Casación, Alejandro Slokar había deslizado la crítica hacia sectores corporativos que “están sentados arriba del presupuesto”. De acuerdo a lo que confirmó el fiscal federal Félix Crous, flamante titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que depende del Ministerio Público, también se coincidió en la necesidad de “replicar” la discusión en todas las provincias del país, con miras al próximo encuentro. “Nosotros no somos un grupo disidente. Formamos todos parte del sistema de administración de justicia, y estamos expresándonos”, sostuvo Martínez a la prensa al finalizar el encuentro. “Acá hay gente que le parece que hay que cambiar las cosas en el Poder Judicial, y que se cambió mucho, se hicieron cosas muy buenas, se avanzó, pero creemos que hay que avanzar un poco más, y quizás en ciertos temas hacerlo más rápido”, indicó.

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