Los escritores hicieron pública una carta abierta en la que critican las decisones que tomó el máximo tribunal sobre Derechos Humanos. También reprochan el traslado de una jueza.

Los escritores Eduardo Galeano y Juan Gelman repudiaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay por sus recientes fallos sobre Derechos Humanos y exigieron el fin de la impunidad en el país. En una carta abierta divulgada ayer en Montevideo, los dos más grandes escritores rioplatenses vivos condenaron el traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil, en momentos en que la magistrada tenía abiertas unas 50 causas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985).
A la vez, en su carta titulada “La justicia en su laberinto: cuando las leyes son más importantes que los derechos humanos”, Galeano y Gelman hacen referencia a la declaración de inconstitucionalidad de una ley de 2011 que declaraba a esos delitos como de lesa humanidad y restauraba la pretensión punitiva del Estado, caducada en 1986, cuando atendiendo a intereses militares el gobierno del colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) presionó al Congreso para que votara una ley de impunidad.
“Más allá de una disputa técnica y sobre la filosofía que rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales y permanentes, como son la garantía de los derechos individuales más básicos, como la integridad física, la libertad, y la reparación moral”, señalan los intelectuales en su declaración.
Según la carta abierta, con la degradación de Mota y la declaración de inconstitucionalidad de la ley que restituía la pretensión punitiva del Estado, la SCJ consolidó la “consagración de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de Uruguay”. El texto agrega que “el Estado y el propio Poder Judicial pusieron toda clase de obstáculos a sus investigaciones, además de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deberían ser su principal garante”.
El documento está firmado también por el argentino Emilio Cafassi y el uruguayo Jorge Majfud, definidos como “intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento”, que repudian estas decisiones de la SCJ y exigen “el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay”.
Por estas razones, concluyen, “rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz, sin justicia no hay democracia”. La carta de los intelectuales se suma a las múltiples críticas internas que ha recibido la SCJ y a la fuerte condena formulada el miércoles por Amnesty International (AI), que sostuvo sin eufemismo alguno que “la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ampara la impunidad” (ver aparte).
Las medidas dispuestas por la SCJ supone, a priori, que ningún violador de los Derechos Humanos pueda ser juzgado, ya sea porque las causas quedaron sin juez o porque los torturadores se ampararán en larestaurada ley de impunidad.
Dpa

amnesty international: “se ampara la impunidad”
Amnesty International (AI) denunció que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay optó por “amparar la impunidad” de los violadores de los Derechos Humanos, cuando la semana pasada declaró la inconstitucionalidad de dos de los tres artículos de una ley del año 2011 que le ponía punto final al perdón y restituía la pretensión punitiva del Estado para los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).
El fallo “da la espalda a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar impunes cientos de casos en vías de investigación o por investigarse”, señaló Amnesty International. Además, la entidad humanitaria denunció que el fallo de la SCJ “condena al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985, al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción”.
Según AI, “en la práctica el fallo revive los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, aprobada en 1986, y que perdonó todos los delitos cometidos por militares y policías en aquellos sangrientos años del régimen cívico-militar. La decisión de la SCJ generó varias interpretaciones, que van desde la que sostienen algunos políticos, en cuanto a que se debe liberar a todos los que ya están detenidos por estas causas, y quienes sostienen que igualmente se puede seguir adelante con los procesos.
Este es el caso del fiscal Carlos Negro, quien dijo que “de ninguna manera” abandonará los casos que tiene a estudio, aunque precisó que serán los jueces quienes resolverán si hacen lugar al mantenimiento de las causas o deciden el archivo de las mismas.
AI denunció que “el fallo (de la SCJ) ignora importantes desarrollos de derecho nacional e internacional logrados en las últimas décadas, incluyendo el obligatorio cumplimiento de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que expone al país a nuevas sanciones internacionales por incumplimiento de los compromisos asumidos”. El Estado uruguayo fue condenado por esa Corte en la llamada “Causa Gelman”, un caso emblemático del Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras cívico-militares del Cono Sur americano.

Fuente: Tiempo Argentino

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