“Estamos dispuestos a pagarles a los fondos buitre, pero no bajo mejores condiciones que al 93 por ciento que apostó y confió en la Argentina, porque estaríamos cometiendo un gran delito”, sentenció ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración del 131º período de sesiones ordinarias del Congreso.

Entre los distintos temas abordados en su discurso, dedicó un extenso capítulo a la política de desendeudamiento del país. Se refirió al pedido de información que realizó la Corte de Apelaciones de Nueva York para que el Gobierno presente antes del 29 de marzo una oferta concreta de pago para los fondos buitre. La jefa de Estado anticipó que la propuesta será “la misma de quienes hoy están cobrando, con la misma quita y plazos”. “Esto es equidad y justicia”, afirmó CFK. Este es el argumento con que el país responde a estos fondos especulativos, que pretenden cobrar el ciento por ciento de sus tenencias bajo el argumento de trato igualitario –cláusula pari passu–. En esta pelea, que definió como “leading case” (caso testigo), se definirá si “permiten que un puñado arruine a todo el mundo”.

El pedido de la Corte se conoció cuando Cristina Kirchner había iniciado su discurso en el Congreso. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, le pasó un papel al vicepresidente Amado Boudou con la información, pero éste no llegó a darle la noticia a la Presidenta, que en ese momento arrancaba su definición sobre los fondos buitre.

La decisión de la Cámara de Apelaciones quedó resumida en una breve nota enviada a los abogados de Argentina en Nueva York. Los jueces de ese tribunal solicitaron que el país presente los “términos precisos de cualquier pago alternativo, fórmula y calendario a que esté dispuesto a comprometerse” (ver aparte). La palabras de CFK mantuvieron la contundencia que habían mostrado en sus anteriores intervenciones sobre el tema.

“Vamos a seguir pagando nuestras obligaciones en dólares como lo venimos haciendo desde 2005. No vamos a romper ninguna ley de la República Argentina, pero tampoco vamos a cometer fraude contra el 93 por ciento (de los bonistas) que aceptó la oferta (de reestructuración) argentina”, apuntó. Con esta frase buscó también despejar el terreno de las especulaciones en torno de la disponibilidad de divisas para cumplir con los vencimientos de deuda con privados nominada en dólares. En lo referente al tema de los fondos buitre, insistió en que el país ofrece un pago “en las mismas condiciones y con la misma quita que al resto de los acreedores”.

“Si hay un sistema o una Justicia que elige beneficiar a un 7 por ciento en desmedro de un 93 por ciento, y perjudicar las finanzas y el equilibrio financiero en el mundo, tengo muchas dudas en llamarla Justicia”, enfatizó. Una de las cartas fuertes que jugó la Argentina en este diferendo con los fondos especulativos fue el acompañamiento que logró de cámaras compensadoras y de clearing, de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro estadounidense y el Bank of New York, que se pronunciaron acerca del pésimo precedente internacional que implicaría un fallo en favor de estos grupos minoritarios que obligue al país a pagarles el ciento por ciento de lo que reclaman. El otro argumento esgrimido había sido la posibilidad de que se desencadene una ola de juicios contra la Argentina de parte de inversores que ingresaron al canje y podrían reclamar la diferencia. “Si la Argentina tuviera que volver a pagar 170 mil millones de dólares (monto de la deuda original), no podría hacerlo”, dijo la jefa de Estado.

Debido a la trascendencia del debate que se lleva a cabo por estos días ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Presidenta consideró que “la totalidad del mundo debería adjudicarle importancia a este tribunal, ya que excede a la Argentina”. “La Argentina representa un verdadero leading case económico y político en su postura frente a las demandas de los fondos buitre”, destacó. “Los principales dirigentes mundiales, los titulares de los organismos multilaterales y los presidentes de los países van a tener que definir si permiten que un puñado que se cuenta con los dedos de una mano arruine a todo el mundo, con millones de desocupados, desahuciados, que se suicidan; o van a privilegiar a sus pueblos, a sus países, a sus patrimonios.” “Eso es lo que está en juego hoy en el mundo”, remarcó CFK. “En la Argentina, los 40 millones hemos hecho un esfuerzo descomunal sin acceder al mercado de capitales, y estamos pagando regularmente nuestras deudas”, recordó. “Desde el 2002 hemos pagado con reservas 32 mil millones de dólares”, precisó.

La Presidenta deslizó que el accionar de los fondos buitre es favorecido por la falta de “una ley de quiebras internacional”. Anne Krueger, ex número dos del Fondo Monetario, había presentado una propuesta para que los países cuenten con un marco regulatorio para facilitar una salida a sus problemas de insolvencia, pero la administración de George W. Bush (hijo) cedió ante el lobby de los fondos especulativos e impidió que esta iniciativa prosperara. Krueger se presentó ante la Corte en apoyo a la Argentina como parte no interesada.

“No hay una ley de quiebras internacional, pero todo país tiene la suya. Cuando uno reúne a la mayoría de los acreedores, que está de acuerdo con la propuesta de pago, el juez la homologa”, ejemplificó Cristina. Advirtió además que existen otros países que se encuentran actualmente en una situación similar a la que atravesó la Argentina en 2001-2002. “Es muy posible que muchos países del mundo, más temprano que tarde, pese a que se niegan, tengan que reestructurar sus deudas con quitas importantes y plazos largos. Si no, cómo van a pagar Grecia, España e Italia”, interrogó la mandataria.

También alertó sobre la intencionalidad de estos grupos especulativos: “Lo que quieren es que no podamos pagar”. “No hemos vuelto a pedir prestado y no somos negocio para el sector financiero; ése es el problema, nos quieren volver a endeudar”, completó la Presidenta. Como respuesta a esas presiones, reiteró que el país seguirá “pagando las obligaciones y no va a violar ninguna ley argentina, ni a cometer ningún tipo de fraude contra el 93 por ciento de los acreedores que creyeron en la Argentina”.

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