Los proyectos enviados por Cristina para democratizar el poder judicial incluyen la elección por voto de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el acceso democrático a los cargos judiciales, la reglamentación de las medidas cautelares, la difusión de las declaraciones juradas de los magistrados y la creación de tres cámaras de Casación.

Fuente: Tiempo Argentino

En el marco de la transformación de los poderes del Estado, esto es democratización y transparencia, el turno de la justicia ha llegado. Durante el extenso y meticuloso discurso de la presidenta Cristina Kirchner en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, la mandataria anunció el envío de una serie de proyectos de ley con los que busca darle carnadura a la democratización del Poder Judicial, el único que jamás fue modificado ni siquiera por las dictaduras militares.
Como anticipó Tiempo Argentino en su edición del domingo pasado, la presidenta anunció que las iniciativas llegarán en los próximos días y con ellas se pretende otorgar una condición de “democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución”.
El discurso presidencial fue uno de los más extensos de la historia reciente de la Argentina: duró poco más de tres horas y media. Nada de lo allí expresado fue al azar, y los temas se fueron concatenando alrededor de un eje que fue el desarrollo del programa político que comenzó el 25 de mayo de 2003, continúa en estos días que la mandataria definió como “la década ganada”.
La presidenta buscó demostrar cómo el país fue subiendo peldaño a peldaño para salir del infierno, la figura con la que Néstor Kirchner graficaba la situación política, social y económica que vivía la Argentinas, tras la crisis terminal del Estado neoliberal de los noventa.
En ese marco, la anunciada democratización del Poder Judicial no puede ser leída como caprichosa y mucho menos improvisada. Y es que la presidenta relató, con cifras y porcentajes, cómo se fueron aplicando políticas y los resultados obtenidos. Por caso, el pago de la deuda con el FMI o la reestructuración de la deuda aceptada por el 93% de los acreedores fue condición necesaria para llevar adelante planes de infraestructura, políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo y la reindustrialización del país que, desde 2003 a la fecha, duplicó el PBI industrial.
Para que nada de ello tambalee ni se resquebraje el proceso político económico, es que advirtió que sólo se podría pagar a los fondos buitre “en las mismas condiciones que a los acreedores que apostaron por la Argentina, porque si no estaríamos estafando a ese 93 por ciento.” (ver aparte)
Cada definición, con sus respectivas cifras o porcentajes, fue acompañada por aplausos (se contabilizaron 100), vítores y cánticos. En los palcos se agolparon funcionarios, artistas, dirigentes gremiales y la joven militancia que acompaña al gobierno nacional.
Estos sectores fueron los más bulliciosos y alegres de la jornada y festejaron, al igual que los legisladores del FPV, la ocurrencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien lanzó globos con la leyenda “Clarín miente” y gorras que llevaban la misma frase. En las bandejas a ambos lados del escaño central desde donde habló la presidenta se acomodaron gobernadores, ministros, familiares de la mandataria, la procuradora Alejandra Gils Carbó y los miembros de la Corte, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.
Rostros de incredulidad y algún comentario por lo bajo predominaron entre la oposición. Pero el silencio se ganó a todos, incluso a los oficialistas, cuando la presidenta afirmó en dos oportunidades que “no se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos”. La frase, contundente en sí misma, da cuenta de la importancia que CFK le otorga al modelo político por encima del puesto que ocupa, sin que ello implique que abandone su condición de jefa política.
Cuando la presidenta comenzó a desglosar los proyectos de ley que enviará en los próximos días, el rostro de Lorenzetti fue pasando por diferentes expresiones. No fue para menos. Al fin y al cabo, cuando CFK recordó que es imposible imponer por ley el pago del Impuesto a las Ganancias a los miembros de la justicia porque esa norma ya existe, y también una acordada de la Corte, de la época menemista, que los eximió del pago de ese tributo. “Pueden hacer 20 leyes y 20 discursos pero la última palabra la tiene la Corte”, dijo CFK y Lorenzetti puso cara de póker.
Hacia el final de su discurso, la presidenta se sumergió en este proceso de democratización de la Justicia y que “no ha sucedido por múltiples razones”, dijo.
En cuanto al Consejo de la Magistratura, lo que pretende el Ejecutivo es modificar la forma de elección de sus miembros: “La propuesta de ley va a ser que la totalidad de los miembros sean elegidos por el pueblo. Ni los jueces, ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos.”
Allí mismo anunció que impulsará la creación de una nueva instancia superior en los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo y Previsional, con sendas Cámaras de Casación, tal cual sucede en el fuero Penal. Con este proyecto lo que se busca es disminuir el número de causas que llegan a la Corte Suprema, un reclamo histórico realizado hasta por los propios integrantes del máximo tribunal.
Sin perder tiempo, CFK también anticipó su intención de democratizar el acceso al sistema judicial “porque no puede ser un lugar donde se acceda a través de conocidos. Todo ciudadano que reúna los requisitos está en condiciones de ingresar a través de concurso público”, dijo, y advirtió que si los postulantes superan el número de las vacantes podrán elegirse por un sorteo como se aplicó para el otorgamiento de los créditos para viviendas del plan Pro.Cre.Ar. Añadió que “debe haber acceso a la información para que todo el mundo sepa cuáles son las causas que están en manos de los jueces.”
En ese marco, anunció que remitirá un proyecto para reglamentar las medidas cautelares que “se transformaron en una verdadera distorsión del derecho”. Este será, seguramente, uno de las iniciativas que más rechazo tendrá de la oposición.
En el menú de proyectos también está la ley de responsabilidad del Estado con la que se busca a los procesos judiciales contra el Estado un tratamiento particular, “no privilegiado pero tampoco para castigarlo”, que no está contemplado en el Código Civil y Comercial.
Por último, se refirió a una ley de transparencia del poder público para que todos los ciudadanos tengan acceso a las declaraciones juradas de los que integran los tres poderes del Estado.

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