Dos días después de la audiencia en la Corte de Apelaciones, donde la Argentina, los fondos buitre y terceros afectados expusieron sus argumentos, el tribunal pidió al Gobierno una propuesta de pago a los holdouts. Una señal que aleja el fantasma del default.

Fuente: página12

La Corte de Apelaciones de Nueva York solicitó a la Argentina que precise antes del 29 de marzo los términos, plazos y condiciones de su oferta para pagarle a los fondos buitre. El panel de tres jueces ya definió que el país debe pagarles a esos inversores especulativos, pero todavía no dispuso cómo. Argentina sostiene que no puede darles un tratamiento diferenciado y más favorable que al resto de los acreedores que participaron del proceso de reestructuración de deuda. Por eso el Gobierno presentará a la Corte las mismas condiciones de quita, reducción de intereses y extensión de plazos para el pago que existieron en el segundo canje de 2010. La diferencia con esa oferta es que, muy posiblemente, no se reconocerán los pagos correspondientes al Cupón PIB de los años anteriores. Los magistrados también solicitaron una garantía de cumplimiento que puede ser desde una declaración jurada hasta el envío anticipado al Congreso de un proyecto de ley para levantar la Ley Cerrojo, que prohíbe realizar una nueva operación de cambio de bonos.

El pedido de los jueces, señalaron desde el equipo económico a Página/12, refleja que toman en serio la propuesta argentina frente a los buitres y despeja el escenario legal durante marzo, cuando el Gobierno debe pagar alrededor de 160 millones de dólares en vencimientos de deuda. “No somos triunfalistas, la Cámara hizo un pedido que no quiere decir que hayan decidido aceptar la propuesta de pago argentina ni que hayan descartado cualquier otra posibilidad, pero sí se observa que quieren escuchar más sobre nuestra oferta”, reiteraban ayer los funcionarios consultados por este diario, quienes se enteraron del pedido de la Corte durante el discurso de CFK ante la Asamblea Legislativa. De hecho, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, le hizo llegar al vicepresidente Amado Boudou la noticia escrita en el reverso de un volante de La Cámpora.

Ayer también se conoció que los tres magistrados descartaron realizar una audiencia para revisar la cuestión de fondo, la cláusula de pari passu, en su Cámara. Sin embargo, sigue pendiente el pedido argentino para que los 13 jueces de la Corte aborden el tema en conjunto, el análisis en banc sobre el planteo de discriminación.

A fines de noviembre pasado, Argentina pidió a la Cámara que revise la decisión del juez de primera instancia Thomas Griesa, que había ordenado pagarles a los buitres el ciento por ciento de sus bonos y los intereses acumulados. En ese escrito, donde solicitó a los tribunales que no afecten el normal pago de los vencimientos de deuda de diciembre, el Gobierno afirmó que si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago que tratara a los buitres y a los bonistas que ingresaron a la reestructuración en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010 “éste hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”. Después de la presentación, la Corte suspendió la medida de Griesa, despejó la posibilidad de un “default técnico” y se tomó tiempo para volver a escuchar los argumentos del país, los buitres y las terceras partes involucradas que advierten de las consecuencias sobre la plaza financiera de Nueva York de un fallo como el de Griesa.

Ese proceso terminó el miércoles pasado, en una audiencia ante el panel de tres jueces en los tribunales de Nueva York. Después de esa reunión, en la que participaron Boudou y Lorenzino, la Cámara pidió al país que precise cómo sería la fórmula de pago alternativa que propone. Los jueces pidieron que, antes del 29 de marzo, Argentina indique cómo y cuándo propone pagar, en qué condiciones financieras y qué garantías de cumplimiento puede ofrecer el Gobierno. El pedido de los jueces no significa que hayan resuelto una fórmula de pago ni que hayan descartado la propuesta de Griesa, pero es un indicio importante de que están escuchando los argumentos argentinos y de los terceros afectados.

La oferta del Gobierno será la misma que puso sobre la mesa en 2010, aunque no reconocería los pagos correspondientes al Cupón PIB anteriores –ese título sólo se abona si la economía supera el 3,26 por ciento de crecimiento en el año–. La reestructuración de deuda implicó una quita cercana al 70 por ciento, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos hasta 2038, un esfuerzo que los buitres no están dispuestos a hacer. En total reestructuró sus bonos el 92,4 por ciento del total. El resto supone un valor de 11.200 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, de este total el 8,3 por ciento se encuentra en manos de residentes estadounidenses y la mayor parte del resto está en manos de fondos buitre.

En Economía saben que, por su propia naturaleza, los buitres no participarán de esa operación aunque así lo disponga la Justicia. Pero para Argentina un fallo que “obligue” a pagar en las mismas condiciones de 2010 sería una victoria: legitimaría la reestructuración de deuda, descartaría un default técnico y sentaría un importantísimo precedente para todos los reclamos abiertos de los buitres, así como para futuras reestructuraciones de deuda.

Un informe de la consultora Econometrica realizado por Ramiro Castiñeira estimó cómo sería una nueva operación de canje bajo las mismas condiciones ofrecidas en 2010 donde participen los buitres. Para los 1330 millones de dólares de deuda en default que están en juego en la causa de Griesa, se canjearían por nuevos bonos por un valor nominal de 446 millones de dólares. Si el mismo ejercicio se extiende para toda la deuda en default, los 11.200 millones de dólares se canjearían por nuevos bonos con un valor de 4200 millones de dólares. Los intereses en 2013 serían 274 millones y el primer vencimiento de capital llegaría en 2017. Deuda en default por 2,3 por ciento del PIB se reconvertiría en nueva deuda por 0,9 por ciento del producto. Si se continúa con la tradición de no reconocer a los que ingresen a un nuevo canje los pagos pasados del Cupón PIB, la oferta a los buitres implicaría un esfuerzo para el país 21 por ciento menor al realizado en 2005.

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