Participarán expertos nacionales e internacionales y habrá debates, seminarios conferencias. El proceso durará 90 días y después el proyecto se tratará en el Parlamento.

El Gobierno uruguayo iniciará el 4 de abril un proceso de diálogos y debates en todo el país para enriquecer y explicar el proyecto que legaliza la producción y distribución de marihuana, por el que los usuarios de la droga recibirán hasta 40 gramos por mes y podrán tener hasta seis plantas para el consumo personal.

El titular de la Junta Nacional de Dogas, Julio Calzada, confirmó al diario La República que ese día se abrirá un proceso de “debate social” junto a expertos nacionales e internacionales que durará 90 días para que luego el proyecto se trate a nivel legislativo.

“Pretendemos tener un mayor consenso social con este impulso que vamos a implementar a partir de abril”, precisó.
Según el funcionario, hasta principios de julio, y en cada uno de los 19 departamentos del país, habrá debates, mesas redondas, conferencias, y seminarios sobre el cannabis y sus innumerables prestaciones.

El borrador del proyecto de ley incluirá, agregó el funcionario, que “cada uruguayo podrá tener hasta seis plantas de su propiedad para el posterior consumo personal”. Además, ratificó que “todo estará fuertemente regulado por el Estado”.

La iniciativa también prevé que se entregarán unos 40 gramos de la droga por mes a los usuarios que se registren, y la publicidad estará prohibida por la ley. El gobierno de José Mujica planea aprobar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo “antes de fin de año”, según reconoció Calzada.

La iniciativa prevé que se entregarán entre 20 y 40 licencias a privados para su producción, elaboración y distribución de cannabis. Las licencias tendrán un costo y se entregarán a personas que demuestren “idoneidad moral”.

“Lo que pretendemos es que haya una idea muy clara de quiénes son los licenciatarios. No puede ser cualquier persona, no debe haber tenido problemas con la Justicia”, había asegurado el funcionario en declaraciones anteriores.

También se exigirá que el licenciatario se encuentre al día con la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), y los predios destinados a plantación no podrán superar la hectárea.

“Seguramente como máximo se plantarán 20 hectáreas y si se dan 40 licencias, podrían ser 30 hectáreas en todo el país”, sostuvo Calzada.

EN BUSCA DE CONSENSO SOCIAL

La idea de un mayor “consenso social” en torno de la iniciativa es algo que el propio presidente Mujica había considerado meses atrás cuando el proyecto de ley al que habían arribado los legisladores que integran la comisión especial sobre consumo de estupefacientes ya estaba prácticamente terminado y ordenó detener momentáneamente su tratamiento.

Es ese mismo borrador el que sigue su trámite parlamentario y hoy volverá a manos de los legisladores luego del receso legislativo estival. Desde el último debate a nivel legislativo, en noviembre, no se ha modificado una coma de lo escrito “y que ha emanado de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo en su momento”, consideró Calzada.

El actual proyecto de ley establece en su artículo único que “sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificaciones, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”.

La iniciativa agrega que “asimismo, el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior, para la ejecución de las actividades referidas en el inciso anterior, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”.

Por último, el proyecto que el gobierno de Mujica buscará aprobar antes de fin de año sostiene que todas sus dispociciones están relacionadas con la política de “reducción de daños” en la cuestión de la dependencia en el consumo de drogas, aún cuando reconoce los efectos perjudiciales de esa práctica.

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