Sigue vigente la conciliación obligatoria. La cartera laboral exigió la reincorporación de unos 250 cesanteados. La Uocra apeló a la justicia.

Mientras el Estado Nacional y la provincia de Mendoza buscan un esquema asociativo para explotar la mina Potasio Río Colorado (PRC), abandonada intempestivamente por la firma brasileña Vale, el Ministerio de Trabajo de la Nación confirmó ayer la vigencia de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada y advirtió que si llegaran a producirse despidos, las empresas serán sancionadas.

La decisión surge justo cuando la firma brasileña y sus contratistas anunciaron casi 250 despidos, de los cuales sólo 50 pertenecen directamente a Vale, y el resto a contratistas, la principal de ellas una UTE integrada por Cartellone y Distrocuyo.

La posición oficial se da en un marco complejo: ayer, trabajadores de la construcción agrupados en la UOCRA se apostaron en la entrada del proyecto minero para impedir el vaciamiento de las instalaciones. Al mismo tiempo, las empresas contratistas recibieron intimaciones de la cartera laboral exigiendo la reincorporación inmediata de todos los cesanteados. Por su parte, la seccional Mendoza de la UOCRA presentó ante la justicia una medida cautelar para asegurar la preservación de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios, y evitar que se modifique el cuadro de situación del proyecto.

El secretario general de la seccional mendocina del Sindicato de la Construcción, Fernando Anaya, aseguró que “la medida cautelar se presentó en el juzgado civil de turno, no sólo para evitar el desmantelamiento de maquinarias y herramientas que hay en la mina sino, además, por el tema de los salarios, para que se sigan pagando”. Este pedido es independiente de la conciliación obligatoria establecida por la Nación.

En este contexto, y como Vale no da respuestas, Anaya detalló que “por eso tomamos estas medidas, porque tenemos que proteger a los 4500 obreros que están dejando en la calle”, y adelantó que se han establecido negociaciones entre Distrocuyo (Cartellone) y la UOCRA, gracias a las cuales la empresa estaría dispuesta “a reincorporar a los trabajadores que recibieron los telegramas de despido”.

Anaya anticipó que también existiría la posibilidad de que “Distrocuyo incorpore unas 30, 40 o 50 personas para que sean ubicadas en otras obras existentes en la provincia” o bien en otras jurisdicciones. Se trata, según indicó, de obreros que trabajaban “haciendo el tendido eléctrico” en el yacimiento.

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