El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, encabezó hoy un acto por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el que se presentaron las primeras conclusiones del informe “Economía, Sistema Financiero y Dictadura”, que apunta a documentar el impacto de la última dictadura sobre el sistema financiero nacional.

El informe, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del organismo y que será presentado formalmente a mediados de abril, busca determinar “cuál fue el rol de la CNV y de las empresas que cotizaban en la bolsa” en la estructuración del sistema financiero y los delitos de represión económica durante la última dictadura, dijo Vanoli durante el acto de presentación.

El funcionario recordó el aporte de la CNV en la elaboración del informe de “Papel Prensa la Verdad”, apropiada durante la dictadura por los diarios La Razón, La Nación y el grupo Clarín, y subrayó que la represión económica tuvo como patrón “la presión, el apoderamiento de firmas y la participación de funcionarios de la dictadura siendo colaboradores de los torturadores para sacar activos financieros y poder apoderarse de las empresas”.

En ese sentido, el titular de la CNV señaló que el plan implementado por el terrorismo de Estado incluyó a “grupos de tareas que no solamente secuestraron, desaparecieron y mataron, sino que lo hicieron buscando perjudicar a determinados grupos económicos y beneficiar a otros que estaban vinculados a la dictadura”.

Vanoli señaló también que además del caso Papel Prensa “había muchas otras empresas como Acindar o el Banco de Hurlingham, incluso algunas pymes, que tenían este mismo patrón”.

La investigación sobre los casos de represión económica durante la dictadura cívico-militar desarrollada por un equipo interdisciplinario, incluyó la revisión de todas las actas del directorio de la CNV de ese momento y los documentos que no fueron destruidos.

“La idea es generar un informe completo para ver cuál fue la matriz y la característica general de estos procesos y con esto no solamente alimentar la verdad, sino también profundizar todas las causas judiciales desde Papel Prensa a todos estos casos detectados, muchos de los cuales ya tenían algún impulso judicial”, remarcó Vanoli.

En ese marco, sostuvo que 15 de abril próximo se presentará el informe definitivo, el que se entregará a la justicia “para que se investiguen las responsabilidades de todos los civiles que participaron o coparticiparon de estos hechos aberrantes”.

Además del presidente de la CNV, el acto contó con las exposiciones de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; los economistas Arturo O’Connell y Eduardo Basualdo; el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alen; el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón y el historiador Osvaldo Bayer.

Frente a un auditorio compuesto por economistas, funcionarios, sociólogos y representantes de organismos de derechos humanos, como la integrante de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas, Vanoli afirmó que la última dictadura impuso “un cambio estructural de la matriz productiva que generó un genocidio económico”.

Tras señalar que las consecuencias de la represión económica “siguieron latentes” hasta la profunda crisis del 2001, Vanoli remarcó que desde “el 2003 empezó un proceso de reversión de estas consecuencias del neoliberalismo” y agregó: “Hay cambios concretos en la matriz del poder financiero y en el diseño de un sistema financiero distinto”.

Sobre este último, destacó como hechos fundamentales la reformas en la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, en la Carta Orgánica del Banco Central y el cambio de la Ley de Mercado de Capitales de la CNV.

El titular de la CNV comenzó su discurso con un homenaje Carlos Gustavo Cortiñas, hijo de la integrante de Madres y trabajador del organismo desaparecido durante la última dictadura.

“Este es un hecho histórico que va a contribuir con el esclarecimiento de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado”, dijo la procuradora General de la Nación, Gils Carbó, sobre el informe.

En ese sentido, agregó que “este proceso de memoria, verdad y justicia involucra al Ministerio Público”, porque “si estos hechos del informe constituyen crímenes de lesa humanidad, significan que no están prescriptos y, por lo tanto, se debe juzgar para determinar a los responsables”.

A su turno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alen, destacó que “cuando en el 2003 decidimos terminar con la impunidad, no sólo tenía que ver con los que torturaban, sino también con lo beneficiarios de ese golpe de Estado”, porque “el 24 de marzo de 1976 todo el Estado se hizo terrorista al servicio del plan económico de Martínez de Hoz”.

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