Dice que la Municipalidad le dio menos dinero del que pidió pero es una de las áreas donde la Comuna más invirtió. Los antecedentes de un funcionario que hasta quiso aumentarse el sueldo.

 

Es más conocido por sus operaciones en contra de la intendencia que por su trabajo. Es más fácil ver su cara en los medios ligados a la familia Rodríguez Saá que en su oficina, en el Juzgado de Faltas. Alejandro Ferrari parece ser insaciable, voraz en su apetito y en sus ambiciones. El año pasado pidió un aumento de sueldo; ahora dice que no respetan su autonomía y que le dieron menos plata.

En enero mandó una nota, la 057 según el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Carlos Vilche, porque “detectó” a través del Boletín Oficial número 273 –correspondiente a diciembre del año pasado- una diferencia entre la partida presupuestaria asignada para el 2014 para el Juzgado de Faltas y lo que él había solicitado. En ese supuesto acto de mala fe, Ferrari vislumbra un ataque a su autonomía.

“El presupuesto del Juzgado de Faltas para este año es un 63 por ciento mayor que en 2013”, corrige el secretario de Hacienda, Esteban Pringles. “Ese año recibió 2.348.802 pesos; en este ejercicio tiene 3.828.393 de pesos”, abundó el funcionario.

Además, se incluyó una obra de ampliación y refacción del Juzgado, por 584 mil pesos. Y si se compara lo gastado en 2011 con lo que tiene este año para gastar, el presupuesto de Ferrari se triplicó. “¿Se puede decir que se le está limitando la autonomía o que se atenta presupuestariamente contra él?”, se interrogó Pringles.

El secretario de Hacienda suma un dato demoledor para la estrategia discursiva de Ferrari: la diferencia entre lo que recauda el Juzgado a través de su trabajo y los gastos que demanda su funcionamiento crecieron un 52 por ciento. “El Municipio cubre proporcionalmente más gastos de mantenimiento del Juzgado año a año. El año pasado le dimos más de un millón de pesos”, subrayó.

Al parecer, el juez no tuvo en cuenta esos números a la hora de denunciar un ataque a su autonomía.

Tampoco recordó lo que establece el decreto 528 del 2012, donde se especifica que el pasaje de Ayuda Económica a personal contratado (otro de sus reclamos) se basa en la antigüedad y las tareas realizadas, ya que se prioriza al personal de servicio.

Irregularidades

Más allá de las cuestiones económicas, Ferrari ya le ha traído dolores de cabeza a la Municipalidad, tanto por acción como por omisión en sus funciones.

El año pasado, El Popular publicó una serie de informes de la dirección de Comercio en los que quedaba en claro que el juez de Faltas beneficiaba a un boliche de la avenida Illia –de donde es habitué por su amistad con el dueño- y a una empresa de cartelería pública, Imágenes SRL, que es propiedad de uno de los hijos de Adolfo Rodríguez Saá.

La maniobra, en ambos casos, era la misma: la Municipalidad clausuraba, Ferrari habilitaba.

Jorge Gómez, familiar de Lilia Novillo, la operadora política de Adolfo en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, también conoció de cerca los favores del juez de Faltas: le clausuraron carteles en la vía pública –el más visible es el de Illia y Junín- pero Ferrari se encargó de que no tuviera problemas.

A eso se le suma una denuncia de una empresa de transporte por convalidar un acta falsificada. El hecho sucedió el 19 de mayo de 2010, durante la gestión de la oficialista Alicia Lemme; un colectivo que transportaba ropa a granel fue interceptado por la Policía Federal por una posible violación a la ley de Marcas.

Los inspectores de Lemme también participaron del operativo –los motivos de la intervención no quedaron claros- y, con el guiño del juez, hicieron un acta donde figuraba como lugar del procedimiento el playón de la ex estación de trenes cuando, en realidad, había sido en el peaje de La Cumbre, lejos de la jurisdicción de Ferrari.

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