En estos treinta años ininterrumpidos de democracia los sucesivos gobiernos tuvieron que vérselas con las presiones que ejercieron sobre ellos (y ejercen aún) distintos sectores de poder, como los militares, la Iglesia, los grupos económicos y los medios de comunicación.


Hacía menos de cinco meses que la sociedad argentina había recuperado la democracia. El presidente Raúl Alfonsín comenzaba a implementar sus primeras medidas, entre las legítimas expectativas y los reclamos populares, el descubrimiento de la verdadera dimensión de la crisis y el recelo de los autoritarios que permanecían aferrados a los tiempos viejos. Juan Alemann, funcionario del régimen títere de José María Guido y de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, pronosticaba desde las páginas de Ámbito Financiero que el gobierno radical sería derrocado en 1985 por un golpe de Estado. Entre la ironía y la soberbia, consideraba que la historia argentina reciente estaba regida por la “ley de Alemann”: “A partir de 1930 los años que median entre un gobierno militar y el siguiente se reducen cada vez en uno”. E ilustraba su afirmación con una tablita que indicaba que entre el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y el golpe de 1943 distaban trece años; entre 1943 y 1955, doce; entre 1955 y 1966, once (fundamentaba la continuidad “democrática” tras la caída de Arturo Frondizi), y entre 1966 y 1976, diez. Para seguir la correlación (nueve años), el próximo golpe debía darse en 1985.

Alemann, uno de los habituales voceros del establishment, eligió para exponer su pensamiento al matutino económico nacido con el último régimen cívico-militar y que, bajo la dirección de Julio Ramos, se convirtió en portavoz de los sectores financieros. Después de advertir a los lectores sobre su fe democrática, el ex funcionario afirmaba: “Quiero un presidente que gobierne con firmeza (la que le permita la Constitución Nacional) y que no esté pensando permanentemente en la próxima elección; quiero un Parlamento de alto nivel, que sepa discutir los genuinos problemas nacionales sin ofender (ni un parlamentario a otro, ni mucho menos a terceros) y sin ocuparse de pequeñeces (por ejemplo, si Martínez de Hoz utilizó el salón VIP); quiero una Justicia independiente y apolítica, en la cual un hombre del Proceso pueda ganar un juicio contra un radical, si por derecho así corresponde, y que no se preste a ser parte de la política partidista y mucho menos de la irracional furia antimilitarista que se ha desatado en la Argentina; quiero un país con libertad de prensa, sin que ello implique libertad para ofender, ni para la porquería”.

Tras enhebrar distintos hechos del momento, concluía con que el panorama argentino en ese abril de 1984 se asemejaba “cada vez más a la situación del segundo semestre de 1975”, aunque para que fuera “realmente igual” faltaba, “por ahora, el ingrediente terrorista”. Para Alemann, los golpes siempre se produjeron por una “gran porción de culpa” de los gobiernos electos, que “dan fuertes argumentos” a la intervención de los militares. “El temor al golpe –analizaba– está presente en la discusión política, cuando voceros oficiales hablan de ‘desestabilización’ y cuando el propio presidente menciona ya dos veces el término de libanización.”

¿Por qué Alemann lanzaba este vaticinio (¿deseo?) a tan poco de comenzada una nueva etapa democrática? Las palabras del empresario dejaban traslucir algunas de las preocupaciones tradicionales de los sectores de poder, que reaparecían de forma despiadada en los meses iniciales de la administración radical. Las diferentes “patrias” se disponían a pulsear con la democracia. Aunque sea una verdad de Perogrullo es necesario hacer una aclaración: la pugna entre democracia y corporaciones es histórica, en la Argentina y en el mundo. Las apelaciones ingenuas a que el “diálogo” y la “no confrontación” dejan satisfechos a todos los actores plantean escenarios idílicos, sin conflictos ni tensiones, que no se ajustan a la vida real.

En estos treinta años de democracia ininterrumpida, las relaciones entre los distintos gobiernos y las corporaciones mostraron acercamientos y rupturas, discursos para la tribuna y negociaciones a espaldas de la voluntad popular, fortalezas y resignaciones. Y en más de una oportunidad la calidad de la democracia quedó erosionada por las decisiones de las administraciones de turno, que cedieron a las presiones de los grupos de poder.

EL CORAZÓN, EL BOLSILLO Y LA SOTANA

Alfonsín llegó a la Casa Rosada con un respaldo del 52 por ciento de los votos, pero los sucesivos fracasos, claudicaciones, incomprensiones y embates que sufrió su gobierno lo empujaron a un alejamiento anticipado. Más allá de la pérdida de confianza popular, el desgaste constante al que fue sometido por el establishment aceleró los tiempos para un final envuelto en hiperinflación y saqueos. Muchos hablaron de “golpe de Estado económico”.

El reemplazo de Bernardo Grinspun por Juan Vital Sourrouille como ministro de Economía fue una victoria de los sectores de poder que, bajo el eufemismo de la “modernización”, empujaron al país hacia las privatizaciones, los planes de ajuste y el descrédito del Estado como rector de las decisiones económicas. El “accidente Grinspun” –como lo definieron Néstor Restivo y Horacio Rovelli en el libro homónimo– aceleró la llegada de un equipo de “tecnócratas” confiable para los mercados. Temas como inflación, deuda externa, desocupación, dólar, tenían que ser tratados de manera previsible para la City. Los logros efímeros de los planes Austral y Primavera se evaporaron y presionaron al radicalismo para erigir como candidato presidencial a Eduardo Angeloz, que amenazaba con usar un “lápiz rojo” para recortar el Estado y achicar el gasto público, según los consejos de un equipo liberal integrado por Ricardo López Murphy, Francisco Mezzadri, Mario Vicens y Adolfo Sturzenegger, entre otros. “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”, se lamentó el improvisado ministro de Economía Juan Carlos Pugliese cuando las corporaciones ya habían decidido la suerte del gobierno radical. Los chiflidos que Alfonsín había recibido en la Sociedad Rural, durante su discurso en la inauguración de la muestra anual de 1988, simbolizaban esa puja desigual. Por otra parte, el alfonsinismo sufrió más de un ataque de los sectores conservadores de la Iglesia católica, en especial durante el debate de la Ley de Divorcio, que movilizó a obispos y fieles en manifestaciones que no pudieron torcer la voluntad mayoritaria de poner fin a una normativa anacrónica. Las fricciones también se evidenciaron durante el Congreso Pedagógico Nacional, que intentó aggiornar la política educativa a una sociedad plural y laica y deshacerse de los lastres autoritarios. El ojo censor estaba alerta en cuestiones culturales. El calificativo “pornográfico/a” podía aplicarse a cualquier manifestación artística que se apartara de la rigidez moral y hasta a la misma democracia.

Los cambios experimentados en materia social, educativa y cultural preocupaban a los sectores católicos tradicionales, temerosos de perder su control histórico en estos temas frente a un avance de lo que consideraban un laicismo nocivo para la nación, como consecuencia directa de los nuevos tiempos democráticos.

Por entonces, los púlpitos solían convertirse en tribunas contra los “males” traídos por la democracia y, en particular, por algunas medidas del gobierno. En abril de 1987, el vicario castrense, monseñor José Miguel Medina, se quejó de la situación del país frente al mismísimo Alfonsín, durante la homilía pronunciada en la capilla Stella Maris, en homenaje a los soldados argentinos muertos en la guerra de Malvinas. Al finalizar el sermón, Alfonsín ocupó el lugar del sacerdote y, en un tono medido pero firme, contestó los cuestionamientos.

EL CUARTO PODER Y los militares

En su plataforma electoral, el radicalismo planteó la “derogación inmediata” CyC 2287 Octubre 2013.indd 13 10/7/13 1:54:42 PM de de la Ley de Radiodifusión que había sido impuesta por la dictadura, la 22.285. Los diferentes intentos por cumplir con la promesa de campaña resultaron inútiles: los grandes dueños de los medios de comunicación impidieron el reemplazo por una norma de la democracia. Y a la vez pugnaron por eliminar el incómodo artículo 45, que prohibía a los titulares de medios gráficos acceder a señales de radio o televisión. Por entonces, los propietarios de Clarín ya pretendían extender su negocio y acceder a radio Mitre y Canal 13, por entonces propiedad del Estado. En ese contexto la confrontación del matutino con el gobierno se hizo más evidente y motivó las críticas públicas del jefe de Estado. Las palabras de Héctor Magnetto al mandatario anticipaban el cambio de época: “Ustedes ya son un obstáculo”.

La relación con La Nación fue compleja. Si bien la línea editorial era claramente opositora (política económica, derechos humanos, política exterior, etc.), había coincidencias en el antiperonismo. En esa trama, no era un hecho menor que el primer intendente porteño del período radical, Julio César Saguier, fuera miembro de la empresa dueña del matutino fundado por Bartolomé Mitre.

Pero fue la corporación militar la que hostigó con mayor insistencia y desde el comienzo a la gestión de la UCR ante la promesa de derogación de la “ley de autoamnistía”, dictada por el mismo “Proceso”, y de la apertura de causas –aunque de manera limitada– por la responsabilidad castrense en el terrorismo de Estado. Ya lo decía Alemann en su artículo: “Las noticias que trascienden sobre el retorno de guerrilleros y personas que les dan apoyo logístico e ideológico, así como sobre planes y reuniones, son harto inquietantes. Si se tiene en cuenta la situación sin salida que se ha creado a los militares que combatieron la subversión, en una guerra victoriosa y aplaudida por muchos que ahora la critican, así como el resentimiento que acumulan diariamente frente a lo que está sucediendo, hace falta poca imaginación para pensar lo que puede pasar si se producen actos terroristas, sin que el gobierno los pueda impedir o combatir exitosamente”. Alemann se equivocó con su pronóstico. Los amigos del “Proceso” embistieron con intimidaciones contra la Conadep, el Juicio a las Juntas, los procesos judiciales abiertos a los partícipes de la represión… y se pergeñaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para calmar la insubordinación militar que se tradujo en los levantamientos carapintadas de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli.

CAVALLO ES MARTÍNEZ DE HOZ

Los años del menemismo trajeron la reconciliación entre establishment y gobierno, y una democracia debilitada. Después del intento frustrado de consolidar al grupo multinacional Bunge & Born como organizador de la economía y del efímero paso de Erman González –con hiperinflación mediante–, la llegada del ex funcionario de la dictadura Domingo Cavallo como jefe supremo del Palacio de Hacienda tranquilizó a banqueros, industriales, terratenientes, financistas, especuladores y hasta sindicalistas devenidos empresarios. Era la continuación de la política neoliberal abierta por Martínez de Hoz durante el último régimen cívico-militar. La destrucción del Estado; las privatizaciones y la instalación de las multinacionales; las “relaciones carnales” con Estados Unidos; la sumisión permanente al FMI, el Banco Mundial y demás organismos de crédito mostraban un entendimiento pleno entre el menemismo, con su “economía social de mercado”, y los sectores de poder económico-financieros. El tándem Menem-Cavallo finalizó la obra macabra del “Proceso”. Con la Reforma del Estado como motor principal, instalada como de necesidad urgente por gran parte de la prensa –con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona como máximos exponentes–, inspirada en la prédica liberal de Álvaro Alsogaray, designado por Menem asesor para la deuda externa, el mapa de medios de comunicación argentino cambió de manera definitiva. La conformación de multimedios fue en ascenso y así Clarín sumó Canal 13 y radio Mitre a Papel Prensa y la agencia de noticias DyN, mientras que la editorial Atlántida accedía a Canal 11. La Ley de Radiodifusión se modificaba por decreto, sólo para beneficio de los amigos del poder.

En este nuevo contexto, las Fuerzas Armadas no recuperaron su poderío perdido. El levantamiento carapintada de 1990, encabezado por Mohamed Alí Seineldín, un ex aliado de Menem, favoreció a su desprestigio. Y el asesinato del conscripto Omar Carrasco sumó otra derrota castrense: el fin del servicio militar obligatorio. Sin embargo, las Fuerzas Armadas consiguieron que Menem les concediera un reclamo histórico: los indultos para los partícipes del terrorismo de Estado. Con el pretexto de la “pacificación” y la “reconciliación”, el gobierno justicialista garantizaba la impunidad.

UN DISCURSO REPETIDO

El modelo, mantenido en líneas generales por Fernando de la Rúa, estalló con la crisis de 2001-2002 y, nuevamente, dejó una democracia disminuida. La devaluación del peso y la pesificación de las deudas de las grandes corporaciones (bancos, empresas periodísticas) evidenciaron el triunfo de los grupos de poder por sobre los intereses populares.

La estructura del sistema montado en los 90 –no sin complicaciones, resistencias y contradicciones– comenzó a ser desarmada con la llegada a Balcarce 50 de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, al implementar políticas que enfrentaban a ciertos sectores dominantes. Algunos de los logros de la última década frente a diferentes corporaciones fueron el retorno del Estado a una participación activa en la economía; la reestatización del sistema jubilatorio; la renovación de la Corte Suprema y el intento de democratización de la Justicia –este último, un reclamo que se instaló hace tres décadas, con el final de la dictadura–; una nueva política en materia de derechos humanos que impulsó los juicios contra el terrorismo de Estado –la decisión de bajar los cuadros de Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar y la recuperación del predio de la Esma son algo más que símbolos–, y la sanción de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Entre las derrotas –algunas transitorias, otras definitivas– pueden enumerarse el conflicto con los grandes productores agrarios; la expansión creciente de las áreas sembradas con soja, en algunos casos en perjuicio de los territorios pertenecientes a los pueblos originarios; la imposibilidad de aplicar de manera integral la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el avasallamiento de algunas empresas mineras sobre las poblaciones y el medio ambiente.

“Los poderes corporativos han suplantado lo que durante mucho tiempo en América del Sur fueron los golpes de Estado, por medios de comunicación y ciertos sectores de la Justicia”, afirmó la Presidenta hace algunas semanas en una entrevista televisiva, en un intento por explicar los cambios en la relación entre gobiernos populares e intereses sectoriales. “Lo que quieren los sectores económicos es imponer condiciones al poder político”, afirmó días más tarde. Un ejemplo de ello es la campaña instalada desde hace algunos meses sobre la necesidad de una devaluación. Cuando los voceros del establishment comienzan a acrecentar su presencia en los medios, la calidad de la democracia se pone a prueba. Y la sociedad escucha y lee con mayor frecuencia sobre “corridas bancarias”, “fuga de capitales”, “dólar en alza”, “inseguridad jurídica”… Aquellas amenazas que Juan Alemann –hoy imputado por delitos de lesa humanidad en la causa Esma– escribió en 1984 reencarnaron una y otra vez en los discursos de los sectores corporativos, de distinta manera y en contextos diversos, durante los últimos treinta años.

Fuente: Caras y Caretas

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