La Corte Suprema de Justicia solicitó a los gobiernos de la Nación, Jujuy y Salta informes sobre los proyectos de explotación de litio en la zona de Salinas Grandes, en el norte argentino, para poder decidir respecto de un amparo presentado por organizaciones ambientales y de pueblos originarios. Las tres administraciones deberán enviar toda la documentación solicitada en un plazo de 30 días.

El máximo tribunal solicitó todas las actuaciones producidas respecto de la explotación del litio y borato y otra documentación relacionada –como los contratos de concesión y a los gobiernos provinciales solicitó que precisaran qué juzgados Administrativos de Minas o autoridad administrativa intervino en los mismos- para decidir si se deben suspender las exploraciones. La cuenca Salinas Grandes tiene una superficie de más de 17.000 kilómetros cuadrados, desde el sur de Salta hasta el norte de Jujuy, y actualmente se desarrollan allí una treintena de estudios de factibilidad para explotación del litio.

La decisión firmada el martes tiene su origen en un amparo presentado por la comunidad kolla «Santuario de Tres Pozos» y por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Desde hace tiempo las y los ambientalistas y representantes de los pueblos originarios de la comunidad El Moreno intentan evitar el desembarco de empresas mineras para extraer el litio, preocupados por el manejo del agua. Es que el “oro blanco” se obtiene a través de un proceso de evaporación que requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de mineral extraído, y parte del agua es salada por lo que no puede ser utilizada para consumo humano.

El sábado 22, en la plaza de El Moreno se realizó un encuentro entre el gobernador de Jujuy y las más de treinta comunidades kollas que integran la Mesa de Pueblos Originarios. Rechazaban la firma de un acta el pasado 10 de marzo entre el gobierno de Jujuy, la minera estatal Jemse, una subsidiaria de PAE y cuatro comuneros de Lipán para que la minera comenzara las tareas de exploración al sur de Salinas Grandes.

Fue una convocatoria masiva en rechazo a la exploración (prospección sísmica, cavado de pozos, etc). Además cuestionaban el rol de la comisionada de la localidad, Angélica Castillo, que obró como secretaria en el labrado del acta del 10 de marzo al tiempo que en el año 2012 tanto ella como todos los comuneros habían firmado un acuerdo que impedía que una comunidad aprobase de forma individual el ingreso de una mina a territorio.

El gobernador, Gerardo Morales, escuchó los planteos de las comunidades pero también habló de las bondades de una minería sustentable. En el amparo que tomó la Corte Suprema, los demandantes sostienen que las empresas no realizaron una correcta evaluación de los “impactos ambientales” y además reclaman contra el Estado Nacional por ser el encargado de la “coordinación e implementación del Plan Nacional del Agua en todo el territorio nacional”.

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