«Se buscó derrocar a un gobierno que fue legítimamente electo con el voto universal con el pretexto de que hubo fraude en las elecciones», dijo en su acusación el vicefiscal general de Brasil, Carlos Dos Santos.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, comenzó este miércoles el juicio contra los primeros cuatro de los 1390 bolsonaristas acusados de participar del intento de golpe de Estado del 8 de enero y del asalto al Congreso, la Casa de Gobierno y la sede del Tribunal de Justicia en Brasilia para convocar al Ejército a derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido una semana antes.

«Se buscó derrocar a un gobierno que fue legítimamente electo con el voto universal con el pretexto de que hubo fraude en las elecciones. Brasil hace mucho que dejó de ser una república bananera y los golpes son una página pasada en la historia», dijo durante la sesión en su acusación el vicefiscal general de Brasil, Carlos Dos Santos.

Dos Santos pidió la condena y el pago de multas para el primer acusado, Aecio Luiz Costa Pereira, quien había viajado desde el Gran San Pablo en ómnibus financiado por los golpistas y fue detenido luego de depredar el Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo, con una camiseta con la inscripción ‘intervencion mlitar ya’.

La defensa del detenido pidió que sea juzgado apenas por destrucción del patrimonio público y no por golpe de Estado, en virtud de que no hubo intención de tomar el poder ya que según él no había una cadena de comando.

Los argumentos del instructor

El instructor del caso, Alexandre de Moraes, leyó el informe que indica que pide compensaciones por unos 3 millones de dólares por los daños perpetrados en el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

Moraes rechazó la recusación para que el caso sea juzgado en la primera instancia.

El voto de Moraes fue por la condena por atentar contra el Estado de Derecho y daños, mientras que todavía deben iniciar la votación sus otros 10 colegas de la corte, algo que puede demorar varias jornadas.

Para este juez, “las fotos y videos que publicó (en las redes sociales) muestran que se sumó a los manifestantes que ingresaron violentamente al Congreso, contribuyendo al daño al inmueble catalogado”, pero eso no alcanza para sostener que los cargos de ataque a la democracia y golpe de Estado, consignó la estatal Agencia Brasil.

Desde el jueves votarán los 9 magistrados restantes, algo que puede demorar varias jornadas.

El juicio

En Brasil, la Corte Suprema puede juzgar delitos contra la Constitución, como está ocurriendo con el intento de golpe contra Lula el 8 de enero, cuando miles de personas asaltaron los edificios públicos para pedir al Ejército intervenir para reposicionar a Bolsonaro como jefe de Estado pese a que perdió las elecciones de octubre.

«Quieren hacer creer que los acusados estaban paseando por Disney. Los acusados estaban poseídos de un odio irracional, casi patológico», e «impregnados de audacia, de ignorancia, destruyeron bienes públicos sujetos a protección especial, catalogados como patrimonio histórico, como los muebles, alfombras y obras de arte», dijo Moraes.

Añadió: «No destruyeron el espíritu de la democracia. No han podido ni podrán subvertirlo, porque el sentimiento de respeto al orden democrático continúa y seguirá iluminando las mentes y los corazones de esta Corte Suprema, en la que siempre prevalecerán los fundamentos éticos y políticos que informan y apoyan el Estado Democrático de Derecho».

Además de Aecio Pereira, los otros tres juzgados son Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Matheus de Carvalho Lázaro.

Mathar fue arrestado dentro del Palacio do Planalto. Según la fiscalía, “participó activamente y compitió con los demás agentes en la destrucción de los muebles que allí se encontraban. Todos gritaban consignas que demostraban la intención de derrocar al gobierno legítimamente constituido, como ‘Fuera Lula’, ‘presidente ladrón».

«Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales han de responder por sus delitos», afirmó el fiscal Carlos Frederico Santos, subprocurador general de la República.

Para Santos, el primer juicio contra Costa Pereira -un exempleado de 51 años de la empresa de saneamiento del estado de San Pablo- representa un «momento clave en la historia brasileña».

La defensa del primer enjuiciado refutó las acusaciones y consideró que el juicio en el STF es “político”.

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