Además, considero que es un peligroso avance contra el mismo orden democrático consagrado en las respectivas Constituciones provinciales.
El documento está firmado por el presidente, Dr. Sergio Tomas Oste, la vicepresidente primera, Dra. Nora Juncos Millone, y la vicepresidente segunda, Dra. Fabiola Bianco, del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina.
La posición está fundamentada en la Constitución de la Provincia de Santa Cruz que dispone que los únicos funcionarios enjuiciables a través del Juicio Político son el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, constituyendo la norma una previsión taxativa, es decir, un numerus clausus que no admite extensión alguna a otros funcionarios. (art.137 Const. Prov.)
El rechazo denuncia también un constante y sistemático accionar en contra de los miembros del Tribunal, hostigamiento público, persecución y turbación a quienes deben examinar y juzgar la rendición de cuentas de los denunciantes.
La misma fue materializada por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, acusándolas de «omisión» en actos de corrupción. El mes pasado, Leguizamón realizó una denuncia penal en contra del presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Javier Ramos, y las vocales Matilde Menéndez y Romina Gaitán por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.