Las  fundamentaciones enumeran “ordenanzas mal sancionadas y ordenanzas tratadas dos veces”, en clara alusión a la aprobación de la emergencia económica y a la autorización a tomar un crédito al municipio. Mas allá de estas razones de funcionamiento, hay una que toma fuerza con el pasar de los días por la implicancia económica que tiene, como no aplicar la orden judicial en la reincorporación de empleados.

“Está impidiendo el normal desempeño del Concejo y está comprometiendo las arcas del Concejo Deliberante¨, declaro el Concejal Martin Divizia a los medios en conferencia de prensa, refiriéndose a la multa diaria de 150.000 pesos por el incumplimiento de esta orden judicial.

La concejal Agustina Gatto explicó que el proceso comenzará por la sala acusadora, donde se debe constituir una comisión de investigación para que se estudie el caso y “en un lapso de 30 días emita un dictamen en relación a si es procedente o no esta acusación”.

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