Con un mensaje contundente y transversal, referentes de la justicia, la Iglesia Católica y organismos públicos vinculados a la defensa de los derechos de las infancias se reunieron para expresar un claro rechazo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para bajar la edad de punibilidad en la Argentina. Fue en el encuentro “Más derechos sociales, menos cárcel para los pibes”, realizado este miércoles por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC).
Participaron como expositores Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de Cámara y secretario de COPAJU; Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Marisa Graham, defensora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Monseñor Gustavo Oscar Carrara, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires; Eugenio Raúl Zaffaroni, director del IFBC; y Federico Samudio, acompañante par del Hogar de Cristo. La presentación estuvo a cargo del presidente de COPAJU, el juez Roberto Andrés Gallardo.
En su introducción al panel y la temática, Gallardo se refirió a las estadísticas sobre los niveles de pobreza en el país, donde “las más optimista van en torno a un 55%, y las más pesimistas, a un 75%”. Para el magistrado, “esto indica que un enorme conjunto de nuestra población está en un cono de sombra, donde no hay horizontes, no hay esperanzas, no hay perspectivas”. A la vez, subrayó que “ese cono de sombra es un cono de violencia, una violencia estructural que hoy le estamos imprimiendo al 60, 70% de la población y a 7 de cada 10 menores. Es la violencia que vuelve y que va a seguir volviendo día tras día”.
Sobre el proyecto oficial para bajar la edad de punibilidad, el titular de COPAJU aseguró: “Nos proponen trabajar sobre los efectos y no sobre las causas. Lo que dicen es ‘hay delincuencia y la única forma de terminar es haciendo una gran red y encarcelando a todos los que sean en el futuro sospechosos de haber cometido un delito’”.
Por eso, Moreno rechazó el mensaje que intenta instalarse: “Pareciera que si ponemos a los chicos presos vamos a encontrar mayor seguridad. Pero la verdadera inseguridad no son los adolescentes, es el narcotráfico, la trata, la venta de armas”. A la vez, hizo énfasis en que “el Estado sí debe darles una solución a los chicos no punibles”. Señaló que “de los 17 proyectos que están hoy en el Congreso, todos bajan la edad, salvo cuatro. Algunos a los 12 años, otros a los 13, a los 14, pero ¿y cuál es la solución para los chicos no punibles? La derivación a los organismos de protección”. En ese sentido, se refirió a la difícil situación presupuestaria y salarial de estas instituciones y su personal, y a los límites reales de su capacidad de acción. “Seguramente, tienen que trabajar mejor –afirmó–, pero también hay que darle presupuesto”.
Stella Maris Martínez comenzó por citar a Luis Niño, quien dijo que “el sistema penal es una trampa para cazar niños”. La defensora general de la Nación aseguró que “con este proyecto de ley lo único que vamos a hacer es ampliar la trampa”. Lo definió como “una suma de mentiras” donde “lo mediático tuvo mucho que ver”, al crear “la falsa idea de que la seguridad está en peligro por los terribles delitos que cometen los adolescentes”.
