En solo siete meses, las empresas de alimentos incrementaron sus ganancias en un 1.300%. El costo de preparar un guiso aumentó un 151% en 8 meses. En la comparación con el SMVyM o una jubilación mínima en julio, se determinó que se logran preparar un 27% menos de porciones que en noviembre.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA) realizaron un estudio sobre la desregulación del sistema alimentario.
Aquí un resumen del informe:
• El consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en
autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas
se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos
de almacén (6%).
• El costo de preparar un guiso aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Con
el Salario Mínimo Vital y Móvil o una jubilación mínima en julio, es posible preparar un 27%
menos de porciones. Tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento
del 147% en el gasto; solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período.
• Mientras tanto, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el
complejo exportador de granos un 4.900%1.
• Entre noviembre y julio, los precios de los alimentos aumentaron un 128%. Argentina lidera el
ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial.
• En los primeros nueve meses de gestión, el gobierno implementó 111 políticas relacionadas
con la producción y acceso a los alimentos. La mayoría de las políticas que favorecen el derecho
a la alimentación fueron afectadas de manera negativa.
• En términos de producción de alimentos, las medidas adoptadas favorecieron principalmente
la promoción de la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera para la exportación de
commodities, junto con la desregulación de las economías regionales. Simultáneamente, se
eliminaron políticas dirigidas a la agricultura familiar campesina e indígena.
• Se tomaron medidas para desregular el mercado alimentario y desproteger a les consumidores.
Se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía, y se eliminaron programas
de educación alimentaria y nutricional.
• Entre noviembre de 2023 y julio de 2024 los precios al consumidor aumentaron un 111%. Sin
embargo, la participación del productor en el precio final pasó de un 12% en marzo de 2023 a
entre un 5% y un 8% en junio de 2024.
• En cuanto al apoyo al consumo popular de alimentos, se eliminaron políticas comunitarias,
mientras que se reforzaron presupuestariamente las políticas asistenciales de transferencia
directa para grupos específicos —AUH, AUE y 1000 días—. El aumento de los niveles de pobreza
e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestran que este refuerzo de ingresos, sin
embargo, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica.
• Estos cambios ya están provocando el cierre y debilitamiento de comedores y huertas
comunitarias, que han reducido la cantidad de comidas, días y calidad nutricional ofrecida.
Además, han dejado de recibir semillas y apoyo técnico, amenazando así las iniciativas de
reconstrucción del tejido social que se articulan en estos espacios.