El Parlamento venezolano, bajo control del oficialismo, aprobó este jueves una controvertida ley que establece penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes promuevan, respalden o faciliten la adopción de sanciones internacionales contra el país. También incluye inhabilitaciones políticas por 60 años y multas superiores al millón de dólares.
Puntos principales de la ley:
- Penas de cárcel: La norma castiga con hasta 30 años a quienes apoyen medidas coercitivas o acciones armadas contra Venezuela.
- Inhabilitaciones prolongadas: Los dirigentes que respalden estas acciones pueden ser inhabilitados hasta por seis décadas.
- Multas severas: Impone sanciones económicas que pueden superar el millón de dólares.
- Confiscación de bienes: Crea un registro nacional para personas sospechosas de estas actividades, quienes podrían ser despojadas de sus activos en el país
La ley surge en reacción a un proyecto legislativo en Estados Unidos, que busca reforzar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por Washington y otros países. Estas sanciones han afectado al aparato económico y político venezolano, con más de 900 medidas en los últimos diez años, según cifras oficiales del gobierno.
En particular, el proyecto estadounidense, conocido como BOLIVAR Act, prohíbe contratos con entidades vinculadas al gobierno de Maduro y persigue congelar su acceso financiero. Esta dinámica ha tensado aún más las relaciones entre Caracas y la comunidad internacional, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuyos resultados no fueron reconocidos por varios países.
El nuevo marco legal ha sido criticado por considerarse un instrumento para reprimir la disidencia y fortalecer el control político. Las inhabilitaciones y las severas penas podrían acallar aún más a sectores opositores que ya enfrentan restricciones legales y políticas. Por otro lado, las autoridades chavistas lo justifican como una defensa de la soberanía nacional frente a lo que denominan un «bloqueo extranjero».