La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, autorizó embargos por US$210 millones contra Argentina en el marco del juicio por la deuda soberana en default tras la crisis de 2001. Además, congeló otros US$100 millones hasta que dos grupos de acreedores culminen sus disputas legales.
Los acreedores podrán tomar posesión de los fondos argentinos depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza. Esta decisión judicial se dio luego de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la apelación del país el pasado 27 de enero. Argentina buscaba impedir que los acreedores accedieran a los bonos del Tesoro estadounidense utilizados como garantía de los antiguos bonos Brady.
El analista Sebastián Maril de Latam Advisor detalló que este embargo ocurre pocos días después de que se ejecutara la garantía por US$325 millones en el caso Cupón PBI en Londres.
El caso fue iniciado por holdouts que no aceptaron los canjes de deuda realizados por Argentina en 2005, 2010 y 2016, que totalizaron US$9300 millones. Estos acreedores llevaron el reclamo a la Justicia y obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, confirmada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York en agosto de 2023.
Argentina argumentó ante la Corte Suprema de EE.UU. que los embargos eran ilegales, pero el tribunal rechazó su apelación, dejando firme el fallo que habilitó los embargos por más de US$300 millones.
El Plan Brady, implementado en los años 90, permitió a varios países de América Latina reestructurar su deuda externa mediante la emisión de bonos respaldados por el Tesoro estadounidense. Argentina ingresó a este programa en 1993 y utilizó estos títulos como colateral. Aunque los bonos Brady vencieron en marzo de 2023, sus garantías quedaron bloqueadas, lo que permitió que los acreedores avanzaran con los embargos.
