La Confederación General del Trabajo (CGT) acudió a la justicia laboral con una acción de amparo colectivo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei. El sindicato busca que se declare la invalidez de la medida, que limita el derecho a huelga y amplía el listado de actividades consideradas esenciales.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, y estuvo encabezada por los abogados Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (h.) y Marta Pujadas (Uocra). Los letrados consideran que el decreto implica “un ataque directo al derecho de huelga” y que es “inconstitucional”.
La CGT optó por canalizar su reclamo a través del fuero laboral, mismo ámbito en el que anteriormente logró frenar el DNU 70/23, con el que el Gobierno intentó implementar una reforma laboral sin debate legislativo, a menos de un mes de iniciado el mandato de Milei.
En el escrito judicial, al que accedió LA NACION, se esgrimen siete argumentos principales para respaldar la acción de amparo:
Ataque al derecho de huelga: El DNU restringe severamente el ejercicio de medidas de fuerza al imponer exigencias mínimas de prestación de servicios (del 75% al 50%) en un número ampliado de sectores calificados como “esenciales”.
Violación de normas constitucionales e internacionales: Se denuncia que la medida infringe el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como convenios de la OIT y otros tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Falta de justificación para el uso del DNU: Los abogados sostienen que no se cumplen las condiciones de necesidad y urgencia requeridas para dictar un decreto de este tipo, en un contexto de funcionamiento regular del Congreso.
Solicitud de medida cautelar: La CGT pidió suspender de manera inmediata los artículos 2° y 3° del decreto, para evitar daños irreparables al movimiento sindical mientras se tramita el fondo de la cuestión.
Retroceso en derechos laborales: Según el amparo, el decreto reemplaza completamente el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando sin justificación la definición de servicios esenciales y restringiendo el derecho a huelga de forma regresiva.
Perjuicio a la negociación colectiva: La limitación al derecho de huelga debilita a los sindicatos y rompe el equilibrio en las negociaciones laborales, consolidando relaciones desiguales entre empleadores y trabajadores.
Representación colectiva: La CGT presentó la acción en nombre de todos los trabajadores del país, en su calidad de entidad sindical de tercer grado con personería gremial.
Además, fuentes sindicales indicaron que tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores evalúan realizar presentaciones judiciales similares en los próximos días.