Un grupo de vecinos de Juana Koslay manifestó su oposición a la nueva Tasa por Servicio de Seguridad Urbana Preventiva, aprobada recientemente por el Concejo Deliberante. El tributo, que comenzará con un monto superior a los 20 mil pesos y se actualizará trimestralmente, generó un fuerte malestar en la comunidad, tanto en redes sociales como en una nota formal que será presentada ante el Municipio.
En el documento, cuestionan la falta de justificación técnica y económica de la ordenanza, asegurando que no existen estudios de costos ni evaluaciones sobre el impacto presupuestario. Además, remarcan que “en los barrios no se observan cámaras de seguridad, patrullajes regulares ni presencia efectiva de la Guardia Urbana”, por lo que dudan de la prestación real del servicio.
Según la norma, lo recaudado será destinado al Centro de Monitoreo Municipal, el patrullaje preventivo, las alarmas comunitarias y la capacitación del personal. Sin embargo, los vecinos sostienen que la seguridad es competencia provincial, no municipal, y que el cobro de una tasa local “traslada una responsabilidad que no le corresponde al gobierno de la ciudad”.
El relevamiento busca establecer un sistema de indicadores regionales que permita comparar países, medir brechas digitales y orientar políticas públicas. “Estamos en una etapa temprana del ciclo de adopción, pero lo que hagamos hoy definirá si la IA amplía oportunidades o desigualdades mañana”, concluyó Levy Yeyati.