El Gobierno nacional autorizó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional para particulares y entidades de tiro, apenas una semana después del caso del alumno de Caballito detenido tras una alerta del FBI.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial. El texto reemplaza la anterior prohibición por un sistema de permisos “con requisitos estrictos y controlados”. Desde ahora, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán acceder a fusiles y subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares, bajo la fiscalización exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Entre los requisitos se incluyen la identificación detallada del arma, un sistema de guarda seguro tipo G2, una declaración jurada que justifique la solicitud, y el pago de tasas administrativas. Además, se exige certificar el uso deportivo comprobado, no tener sanciones previas ante el RENAR y contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario. El organismo podrá, incluso, pedir documentación adicional antes de aprobar la tenencia.
La medida ya generó debate entre especialistas en seguridad y organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de flexibilizar el acceso a este tipo de armamento en un contexto social sensible. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el nuevo régimen “fortalece los controles” y promueve un uso responsable en ámbitos deportivos.
