La Justicia federal de Lomas de Zamora realizó un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de una causa que investiga presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de comida en mal estado para los detenidos. La medida fue ordenada por el juez Federico Villena ante sospechas de una cartelización del servicio de viandas en la cárcel de Ezeiza, donde se manejan contratos por unos 25 millones de dólares anuales y se habrían detectado alimentos en condiciones insalubres.
El procedimiento estuvo atravesado por un fuerte momento de tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. Según fuentes judiciales, primero entregó un aparato antiguo en desuso y luego afirmó haber extraviado el que utiliza habitualmente, aunque un informe técnico indicó que ese dispositivo había emitido señal en Barracas una hora antes del allanamiento, lo que reforzó la sospecha de que pudo haber sido destruido para ocultar información relevante para la causa.
La investigación se originó a partir de denuncias por alimentos contaminados en el penal de Ezeiza, donde peritajes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles peligrosos. Tras la sanción a la empresa Foodrush, se detectó que la nueva prestadora, Bio Limp, operaba con los mismos camiones, empleados y facturación, lo que indicaría el uso de firmas pantalla. A esto se suman los vínculos políticos de Martínez y el respaldo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras la Justicia intenta desarticular lo que el juez describió como “mafias enquistadas” en el sistema penitenciario.
