En medio de una ola de críticas, el Gobierno salió este viernes a justificar por decreto los profundos cambios en el sistema de inteligencia nacional. A través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de la Secretaría de Inteligencia, el Ejecutivo aseguró que la reforma responde a “los más altos estándares democráticos y republicanos” y busca modernizar un aparato que, según afirma, estuvo décadas “al servicio de intereses políticos, no del Estado”.
El decreto de necesidad y urgencia N° 941/25, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, fue publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial, en pleno receso legislativo y durante el habitual letargo político del verano. La medida reorganiza la estructura del sistema de inteligencia, otorga nuevas atribuciones —como la posibilidad de que agentes detengan personas— y redistribuye funciones clave entre figuras cercanas al núcleo duro del gobierno, como Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE, y Manuel Adorni, hombre de confianza de la secretaria general Karina Milei.
El texto oficial, titulado “Reforma de segunda generación del sistema de inteligencia nacional”, argumenta que la Argentina, ante su “nuevo rol central en el escenario global”, requiere un organismo “profesional, eficiente y acotado a su verdadera misión”. Según el comunicado, se elimina así el uso discrecional del espionaje interno —una práctica que, ironiza la oposición, es precisamente lo que denuncian que se busca reactivar con esta reforma.
Entre los cambios más notables:
- La Agencia de Seguridad Nacional pasa a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia, con funciones exclusivamente defensivas contra amenazas externas.
- Se crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y liderada por Adorni, que centraliza tareas antes dispersas.
- Se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con las Fuerzas Armadas.
- Se establece un sistema obligatorio de registro y trazabilidad de toda información intercambiada entre organismos, supuestamente para garantizar transparencia y evitar arbitrariedades.
El decreto también instituye la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, espacios formales para el flujo de datos entre agencias estatales.
Sin embargo, la oposición alerta que concentrar poderes en la SIDE —ahora con capacidad de actuación policial— y vincularla estrechamente con el círculo íntimo del presidente contradice los principios de control democrático. “Lo que llaman transparencia suena a blindaje político”, señaló un legislador consultado.
El Gobierno, en cambio, insiste: “Se pone fin al espionaje doméstico, a la persecución política y al control indebido de periodistas y ciudadanos”. La reforma —asegura— es parte del “nuevo orden institucional” que impulsa Milei: un Estado “limitado, profesional y al servicio de la libertad”.
