Rusia exigió formalmente a Estados Unidos el “regreso rápido y sin condiciones” de los tripulantes rusos del petrolero Marinera, luego de que fuerzas especiales norteamericanas abordaran la nave en pleno Atlántico Norte y se interrumpieran todas sus comunicaciones.
Según Moscú, el buque navegaba con autorización legal bajo pabellón ruso desde el 24 de diciembre y fue interceptado en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, lo que (según el Kremlin) viola la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982.
El Gobierno ruso remarcó que la libertad de navegación es un principio básico del derecho internacional y advirtió que ningún país puede usar la fuerza contra barcos debidamente registrados en otro Estado, lo que eleva el episodio al nivel de conflicto diplomático entre dos potencias.
