El presidente Javier Milei viajará el 17 de enero a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado negociado durante más de veinte años y acordado formalmente en 2019, aunque todavía no fue ratificado ni implementado por los parlamentos de los países involucrados.
El acuerdo, que involucra a los cuatro miembros del Mercosur y al bloque europeo, es considerado uno de los pactos comerciales más ambiciosos de la región, con potencial impacto en exportaciones, inversiones extranjeras y sectores productivos, aunque sus efectos concretos dependerán de decisiones políticas y condiciones de mercado en cada país.
Desde el Gobierno argentino explican que la presencia de Milei apunta a posicionar a la Argentina como un actor relevante en la economía global y a fortalecer los vínculos estratégicos con la Unión Europea, en un contexto de tensiones diplomáticas con Brasil, socio central dentro del Mercosur.
A pesar de la relevancia del tratado, el Ejecutivo decidió postergar el debate de ratificación en el Congreso hasta marzo. Durante las sesiones extraordinarias de febrero, la prioridad legislativa será la reforma laboral, considerada clave por el oficialismo para dinamizar el empleo y atraer inversiones.
Según fuentes oficiales, el acuerdo con la Unión Europea no generaría beneficios inmediatos y su tratamiento podría complicar la aprobación de otras reformas internas. Por eso, el Gobierno optó por ordenar primero su agenda doméstica antes de avanzar con un proyecto de alcance internacional.
Desde la oposición y sectores de la sociedad civil advierten que la postergación genera incertidumbre y sostienen que la ratificación podría haber sido una oportunidad para construir consensos amplios en torno a la inserción internacional de la Argentina y dar previsibilidad al comercio exterior.
La estrategia del Ejecutivo busca equilibrar compromisos internacionales con una agenda interna marcada por cambios estructurales, especialmente en el mundo del trabajo, donde la reforma laboral enfrenta resistencias políticas y sindicales.
En ese marco, la firma del acuerdo en Paraguay representará un hito simbólico tras años de negociación, pero no implicará su entrada en vigor inmediata en la Argentina, que dependerá de un futuro debate parlamentario. El desafío para el Gobierno será convertir esa foto internacional en políticas concretas, capaces de mejorar la competitividad y el desarrollo productivo, al tiempo que logra el consenso político necesario para avanzar con la ratificación del tratado en el Congreso.
