El Decreto 93/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, puso en marcha la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal con una propuesta transformadora: dejar atrás la lógica de la fiscalización retrospectiva para construir un sistema basado en la confianza, la simplificación y la certidumbre jurídica para millones de argentinos.
Menos burocracia, más certeza
El corazón de la reforma es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un mecanismo voluntario que beneficia a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Los contribuyentes acceden a una declaración jurada precargada por la ARCA que pueden aceptar o ajustar mínimamente. Al abonar el impuesto correspondiente, se activa un «efecto liberatorio»: los períodos declarados quedan cerrados para revisiones administrativas o penales, salvo en casos de discrepancias superiores al 15% o uso de facturas apócrifas.
Este cambio de paradigma —pasar de la «presunción de culpabilidad» a la «inocencia fiscal»— elimina la angustia de controles interminables sobre la evolución patrimonial, los consumos personales o los depósitos bancarios. La ARCA se enfocará exclusivamente en lo declarado y pagado, no en reconstruir historias financieras pasadas.
Los «dólares del colchón» vuelven al circuito productivo
Una de las innovaciones más relevantes es la posibilidad de bancarizar ahorros no declarados sin ser objeto de investigación retroactiva. Los fondos pueden ingresar al sistema financiero mediante depósito en cuenta propia o transferencia directa al vendedor en operaciones comerciales. Solo para compras inmobiliarias se mantiene la excepción de operar en efectivo.
Además, se elevaron los umbrales de reporte bancario: operaciones de hasta $10 millones mensuales ya no generarán alertas automáticas a la ARCA. Según estimaciones oficiales, unos USD 170.000 millones permanecen fuera del sistema; su gradual incorporación podría dinamizar el consumo, la inversión y el crédito en una economía que necesita oxígeno.
Trato diferenciado para pymes y monotributistas
El régimen introduce alivios concretos para el sector productivo:
- Las multas fiscales, aunque actualizadas, ahora requieren un recordatorio previo con 10 a 15 días hábiles para regularizar antes de cualquier intimación.
- La ARCA podrá graduar sanciones según la gravedad del incumplimiento, con reducciones de hasta el 50% para quienes regularicen dentro del plazo.
- Los umbrales penales se elevaron significativamente: evasión simple a $100 millones y agravada a $1.000 millones.
- Para contribuyentes cumplidores, el plazo de prescripción bajó de cinco a tres años.
- Se habilitó una vía de regularización voluntaria que extingue la acción penal mediante el pago del capital adeudado, intereses y una multa adicional.
Un mecanismo permanente, no una medida excepcional
A diferencia de los blanqueos históricos —vistos como oportunidades puntuales—, el Gobierno apuesta a convertir esta lógica en un pilar estructural del sistema tributario: «De ahora en adelante, lo que importa es lo que declares y pagues; el pasado queda atrás si cumples con tus obligaciones actuales», sintetizan fuentes oficiales.
Con la ARCA preparando resoluciones complementarias para ajustar la operatoria en los próximos días, el nuevo esquema busca no solo ampliar la base tributaria, sino también devolver tranquilidad a millones de argentinos que durante años evitaron formalizar sus ahorros por temor a controles infinitos. En un contexto de alta presión fiscal, la apuesta es clara: incentivar la confianza como motor de inclusión financiera y crecimiento económico.
