En una reciente entrevista brindada al programa «Las cosas son como son», el Dr. Adrián Garraza, quien fuera titular de la Dirección de Estadística y Censos de San Luis (organismo equivalente al INDEC a nivel provincial), analizó con dureza la metodología actual utilizada para medir la inflación en Argentina. Según el especialista, el principal problema del Índice de Precios al Consumidor (IPC) radica en que los «ponderadores» —el peso que cada gasto tiene en el presupuesto familiar— están basados en una estructura de consumo totalmente obsoleta.
A continuación, los puntos sobresalientes de la entrevista:
1. El desfasaje de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares
Garraza explicó que la «madre de todas las estadísticas» son los censos, pero que el insumo específico para el IPC es la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO), que debe realizarse cada cinco años. El problema central es que actualmente se está utilizando una encuesta que tiene cerca de 20 años de antigüedad (aproximadamente del año 2006).
2. El impacto «sub-registrado» de los servicios públicos
Uno de los ejemplos más claros del error en la medición es el peso de las facturas de luz y gas. Garraza señaló que hace dos décadas estos servicios representaban apenas un 3% o 5% de los ingresos de una familia.
• La distorsión: Si hoy una boleta de luz sube un 100%, el índice oficial solo refleja un impacto del 3% porque sigue usando el peso relativo de hace 20 años.
• La realidad: En la actualidad, estos servicios pueden representar entre un 15% y 20% del ingreso familiar, por lo que el IPC oficial termina arrojando una cifra muy inferior a la inflación que la gente siente en su bolsillo.
3. Nuevos consumos ignorados o mal ponderados
El especialista destacó que el consumo de bienes y servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente desde 2006. En aquel entonces, el gasto en internet o telefonía móvil no era tan relevante o generalizado como hoy, donde es un servicio vital para casi todos los hogares. Lo mismo sucede con los televisores y computadoras, cuyos estándares y precios han variado significativamente, quedando fuera de una medición realista si no se actualizan las encuestas de base.
4. Consecuencias en la medición de la pobreza
Garraza advirtió que un IPC «sub-registrado» (que mide menos de lo real) tiene un efecto colateral grave: distorsiona las cifras de pobreza. Dado que la pobreza se mide comparando los ingresos contra el costo de vida, si el índice de precios está mal calculado y es más bajo de lo que debería, se termina informando que hay menos pobres de los que existen en la realidad.
5. La falta de transparencia y las «paritarias controladas»
El ex titular de Estadística comparó la situación actual con otras épocas de cuestionamiento al INDEC. Señaló que hoy no existen paritarias libres que sirvan como termómetro, ya que el gobierno las mantiene «controladísimas», no convalidando acuerdos incluso cuando empleadores y empleados pactan cifras superiores. Según Garraza, si se utilizara una encuesta de gastos más actualizada (como la de 2017/2018), la inflación mensual sería notablemente más alta, posiblemente rondando o superando el 4%.
Conclusión del especialista: Para Garraza, no se trata necesariamente de «hacer trampa» activamente, sino de la omisión de no utilizar herramientas más modernas y precisas que ya existen. Sugirió que, con la tecnología actual, ni siquiera harían falta encuestas manuales permanentes, sino convenios con comercios para tener un registro directo y real de los precios y volúmenes de venta.
