La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima para ser considerado penalmente responsable. Con 149 votos afirmativos y 100 en contra, la iniciativa —impulsada por el oficialismo con el respaldo de LLA, el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales— deberá ahora ser tratada por el Senado antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
El texto legislativo establece un marco integral que combina responsabilización penal con garantías procesales y medidas de reinserción. Para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, se prevé una pena máxima de 15 años de privación de libertad. En casos de condenas inferiores a una década, el proyecto habilita penas alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima, reparación del daño y restricciones de circulación.
Un eje central del régimen es la creación de institutos especializados exclusivos para adolescentes, donde se garantizará educación obligatoria, atención médica, tratamiento de adicciones y personal capacitado en infancia y adolescencia. Queda expresamente prohibida la convivencia con adultos privados de libertad. Además, se incorpora el reconocimiento efectivo de las víctimas, con derecho a información, asistencia psicológica, patrocinio jurídico y participación en instancias restaurativas.
El proyecto también prevé mecanismos de desjudicialización para infracciones leves mediante la suspensión a prueba y la mediación penal juvenil, siempre con consentimiento expreso de la víctima. Para su implementación, se asignaron recursos por $23.739 millones, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, luego de que gobernadores provinciales reclamaran que el Estado nacional asumiera los costos operativos del nuevo sistema.
La oposición peronista mantuvo unidad en el rechazo durante la votación general, aunque el Frente Renovador validó en particular la baja de la edad de imputabilidad, en línea con su postura histórica. Los críticos del proyecto cuestionaron que la medida no aborde de manera integral las causas estructurales de la violencia juvenil, como la salud mental, los consumos problemáticos y la falta de políticas sociales preventivas. También advirtieron sobre los desafíos de financiamiento que enfrentarán las provincias para adecuar infraestructura y dotar de personal especializado a los futuros centros de contención.
Con la media sanción obtenida, el foco se traslada ahora al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar los acuerdos necesarios para convertir la iniciativa en ley antes de que concluyan las sesiones extraordinarias. La discusión reabre un debate nacional sobre seguridad, derechos de niños y adolescentes, y el rol del Estado en la prevención del delito, con implicancias directas para las jurisdicciones provinciales que deberán adaptar sus sistemas penales juveniles al nuevo marco normativo.
San Luis Opina
