54 países colaboraron con la CIA en sus prácticas secretas tras el 11-S

La mayoría de los países son europeos y participaron activamente con la Agencia Central de Inteligencia en su programa secreto de detenciones ilegales de supuestos terroristas, según un informe publicado por una organización de derechos humanos.

El reporte de la organización Open Society Justice Initiative (OSJI), de 213 páginas y titulado Globalización de la Tortura,  afirmó que el programa no podría haber tenido lugar sin esa ayuda internacional y que muchos países ofrecieron secretamente su apoyo, informó la agencia de noticias EFE.

Ya en 2006, el Consejo Europeo había presentado una investigación en la que se presumía que al menos en Polonia y Rumania había prisiones secretas de la CIA. En ese informe también se indicó que los aviones de transporte de prisioneros podían cargar combustible en Atenas, Roma y Praga.

«No hay duda de que altos funcionarios gubernamentales fueron responsables de la autorización de violaciones de derechos humanos relacionados con las detenciones secretas y entregas extraordinarias», destacó el informe en el que se detallan los casos de 136 víctimas de esta práctica ilegal.

«Pero la responsabilidad de estas violaciones no se agota en Estados Unidos. Las detenciones secretas y las operaciones de entregas extraordinarias, diseñadas para ejecutarse fuera de Estados Unidos no podrían haberse llevado a cabo sin la participación activa de los Gobiernos extranjeros. Estos también deben rendir cuentas», denunció la OSJI.

Reino Unido, Alemania, Italia, España, Portugal, Austria y República Checa, Dinamarca y Rumania, forman parte de la lista de los países que colaboraron con la CIA.

De acuerdo con la organización, estos países toleraron en sus territorios estas prisiones secretas, llamadas «black sites» y creadas para interrogar sospechosos de terrorismo, o apoyaron el transporte de presos a estas prisiones.

También Pakistán, Afganistán, Egipto y Jordania, fueron, según el reporte, escenario de cárceles secretas y de prácticas de tortura documentadas durante años, mientras que países como Irlanda, Islandia, Chipre y Canadá proporcionaron ayuda encubierta para el programa al permitir el uso de su espacio aéreo, aeropuertos y aeronaves involucradas en vuelos de entrega.

Los otros países mencionados en la lista son Albania, Argelia, Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Yibuti, Etiopía, Finlandia, Gambia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irán, Kenia, Libia, Lituania, Macedonia, Malawi, Malasia, Mauritania, Marruecos, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia Saudí, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Siria, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Yemen, y Zimbabwe. 

El informe de la OSJI aseguró además que el alcance de la participación de los Gobiernos no estadounidenses todavía se desconoce.

«A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y sus Gobiernos asociados para retener la verdad sobre los abusos pasados y presentes, la información relativa a estos abusos continuarán encontrando su camino hacia el dominio público», precisó.

«Al mismo tiempo, mientras que los tribunales de Estados Unidos han cerrado sus puertas a las víctimas de detenciones secretas y operaciones de entregas extraordinarias, los desafíos legales a la participación de Gobiernos extranjeros en estas operaciones están siendo competencia de los tribunales de todo el mundo», remarcó.

La organización urge al gobierno estadounidense que rechace las operaciones llevadas a cabo por el programa, cierre el resto de prisiones secretas que queden en activo y abra una investigación penal sobre la violación de derechos humanos relativa a estas actuaciones.

El presidente Barack Obama ordenó la suspensión de los interrogatorios severos cuando asumió la presidencia en 2009, pero la OSJI criticó al mandatario por permitir continuar con las detenciones secretas y negarse a publicar los documentos relativos al programa de detenciones de la CIA.

La comisión de Inteligencia del Senado aprobó en diciembre un informe de 6.000 páginas sobre las tácticas de la CIA, pero el contenido es clasificado como secreto. La presidenta de la comisión, Dianne Feinstein, dijo que las detenciones secretas y las severas técnicas de interrogatorio eran «errores terribles».

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