Amenazas del golpismo sojero

Las razones de las cámaras agropecuarias para un eventual nuevo lockout van desde que no aceptan reunirse por separado con el ministro de Agricultura a la “situación límite” del sector. Sin embargo, los indicadores muestran otra realidad.

Por Sebastián Premici

Los dirigentes patronales que integran la Mesa de Enlace quieren reeditar el conflicto agropecuario de 2008. El titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, y el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, anunciaron que están pensando en realizar un lockout sojero para presionar al Poder Ejecutivo con una devaluación del tipo de cambio. “Si llegara a haber un cese de venta de soja sería delicado respecto de las finanzas y la economía del país. No influye en la vida cotidiana de la gente, a lo sumo puede faltar alguna milanesita de soja en alguna góndola”, ironizó Buzzi. Los ruralistas afirman que “están en una situación límite”. Sin embargo, en 2012 invirtieron un 27 por ciento más que en 2011 y la rentabilidad para los productores sojeros, más allá de los aumentos de los costos, se ubica entre 50 y 200 por ciento, en función de si son propietarios o arrendatarios del campo.

Otro argumento que utilizaron las patronales para presionar con un nuevo lockout es que nunca fueron recibidas por el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar. Sin embargo, durante 2012 el funcionario mantuvo encuentros continuos con productores y cooperativistas, muchos asociados a FAA y las sociedades rurales del resto del país.

“Hay que ir a un cese de comercialización de lo que más se siente en este país, que es la soja. Desde el momento en que haya decenas de barcos parados en el Río de la Plata porque no pueden venir a cargar soja, ahí van a tener que convocar y venir a discutir de otra manera. Nosotros vendemos a 3,20 por cada dólar agropecuario, y nuestros costos en muchos casos son de 5 pesos para arriba”, sostuvo Buzzi en entrevistas radiales.
Según un informe elaborado por Ana Paula Giovambattista, Guillermo Hang y Valentín Laborada, publicado en el sitio Economía del Bicentenario (E200), a septiembre de 2012, un productor sojero que invertía un peso en la zona núcleo recibía, como mínimo, 2,3 pesos de rentabilidad bruta. Para los propietarios de la tierra, esto se tradujo en una rentabilidad bruta que osciló entre 130 y 200 por ciento.

Para el caso de los productores que tuvieron que arrendar, la rentabilidad bruta fue de 53 por ciento. Y para una zona no núcleo, como puede ser Santiago del Estero, los márgenes oscilaron entre 48 por ciento (propietarios) y 30 por ciento (arrendatarios).

“Las multinacionales venden insumos inflados. Pero esto no es culpa ni de los productores ni del Gobierno. Son las empresas las que inflan los precios y la Mesa de Enlace hace oídos sordos. Los mismos que hoy piden controlar el precio de los insumos reclaman la liberación absoluta del mercado. La Mesa de Enlace no es representativa de los productores”, afirmó a Página/12 Eduardo Sorazabal, productor de Federación Agraria que pertenece a la corriente interna Grito de Alcorta.

Algo que no dice Buzzi es que muchas cooperativas vinculadas con la FAA suelen adquirir insumos a las multinacionales y en vez de pagar con dólares, lo hacen con granos. De esa manera, las operaciones se realizan al tipo de cambio oficial. “Los que vayan a realizar un lockout son los que tienen inversiones en departamentos y chacras. Los pequeños productores tenemos que vender para seguir cosechando”, agregó Sorazabal.

La Mesa de Enlace buscó reeditar el conflicto de 2008 año tras año. Con la llegada de Julián Domínguez al ministerio, la estrategia del Gobierno fue buscar soluciones puntuales para cada tipo de productor. En ese marco, Buzzi se acercó en varias oportunidades a la cartera agrícola, pero al mismo tiempo comenzó a endurecer su discurso y a privilegiar su alianza con la Mesa de Enlace. Por lo tanto, desde el Gobierno buscaron otros interlocutores, muchos de los cuales hoy le disputan poder a Buzzi dentro de la entidad. Por ejemplo, el 26 de julio de 2012, el Gobierno firmó un convenio con el Banco Nación para que las cooperativas agropecuarias pudieran acceder a una línea de créditos blandos por 150 millones de pesos.

Más cerca en el tiempo, el 13 de noviembre de 2012, el Gobierno entregó 22 millones de pesos para las cooperativas nucleadas en Fecofe, una entidad que era presidida por Buzzi hasta que fue reemplazado por voto de los propios productores.

Las presiones de la Mesa de Enlace sobre un posible lockout sojero coinciden también con las pretensiones de Hugo Moyano, titular de la CGT, de realizar medidas de fuerza contra el gobierno nacional. “En su momento hemos adherido al pedido para que se suba el mínimo no imponible. Vamos a ver la convocatoria y qué se pide”, afirmó el titular de la Sociedad Rural, sobre una posible alianza con Moyano. El nexo entre la CGT de Hugo Moyano y la Mesa de Enlace llega de la mano de Gerónimo “Momo” Venegas, titular de Uatre, quien durante un acto realizado en la SRA en diciembre llamó a “defender la propiedad privada”. A fin de año, los ruralistas se habían juntado para cuestionar la recuperación del predio de la Rural por parte del Estado.

“El valor de la producción agrícola y ganadera argentina representa alrededor del diez por ciento del valor del Producto, y tan sólo el cinco por ciento si se lo mide con los precios relativos de los años ’90. Los trabajadores asalariados del sector primario son unos 467 mil, es decir, poco más del tres por ciento de los asalariados del país. La gran rentabilidad del sector, que se manifiesta en la valorización de los campos (la hectárea de la zona núcleo pasó de 3000 a 16.000 dólares entre 2003 y 2012), no se manifiesta de la misma manera en el bolsillo del peón”, señalaron Andrés Asiain y Lorena Putero. Obviamente, estos datos no aparecen en el acervo discursivo de las patronales agropecuarias –y sindicales– a la hora de realizar sus reclamos.

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