a situación de los fiscales agravaría la crisis judicial

Ayer dábamos cuenta de la irritación de los fiscales por haber sido expuestos en una acordada del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, por negarse a utilizar el reloj biométrico en su ingreso y salida laboral.

Ya se escucha un fuerte rumor que indica que la acordada en cuestión habría sido “una maniobra” de los integrantes del máximo tribunal, “para tapar males mayores que están ocurriendo en esta nueva crisis judicial que estamos atravesando”, le señalaron a Periodistas en la red fuentes tribunalicias.

La pregunta que muchos se están haciendo, es si es culpa de no querer ‘poner el dedito’ por parte de los fiscales, que se esté intentando “hacer olvidar a la población que Mabel Leyes fue denunciada por haberse autodonado un terreno siendo intendente de La Calera”, puesto que esa denuncia ya hace bastante que se realizó y todavía nada de nada existe en el expediente judicial. Esto mismo ocurre con el caso de Alberto Figueroa y Daniel Martínez, donde el primero tuvo que esperar más de tres años para que el Superior Tribunal cumpliera una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y encima el fallo de la ministro Lilia Novillo “da pena jurídica”; mientras que Martínez todavía espera que le resuelvan, también el Superior Tribunal, una queja presentada ya hace años. En el mismo estado de Leyes, está la denuncia que el periodista Daniel Quiroga hizo contra la ministro Novillo por haber contratado -en forma directa, sin licitación por los montos- a la empresa CORADIR, donde su hijo, Juan Manuel Baretto, según la AFIP, es uno de los máximos responsables; aunque en este caso la denuncia fue realizada hace ya dos años y sigue sin investigación alguna. Cabe aclarar que estos tres casos, son solo tres ejemplos de varias docenas en sus mismas condiciones.

“A mí me ocurrió, cuando fue lo de Estancia Grande, me mandó a llamar la doctora (Lilia) Novillo a su despacho, todavía ella no era Presidente (del Superior Tribunal), y me pregunta, textualmente ‘qué es lo que pasa che en Estancia Grande que no le das la posesión, ¿Por qué está frenada la cosa?’. Se lo contesté por amabilidad, por cortesía, por respeto… Es inadmisible que uno, varios o todos los miembros del Superior Tribunal pretendan intervenir o inmiscuirse en decisiones que son exclusivas del juez. Ella me pregunta en ese momento porqué se estaba retardando la cuestión de Estancia Grande: ‘mirá, los de Fiscalía (dicen) que tenemos que apurar esto, porque el Estado tiene interés…’. Doctora, por cortesía le respondo esto, hay recaudos que hay que cumplir, mandamientos de constatación, hay que dejar indemne al expropiado; acá hay cosas confusas. El señor Escudero es poseedor, no es titular dominial, hay herederos del titular dominial, hay muchas cosas que hay que considerar para poder llegar luego a la sentencia… Entonces ella insiste sobre esto y ahí es donde yo me quedo atónita y le molesta la respuesta que yo le di. Este fue nuestro primer enfrentamiento a nivel personal y jurídico. Ella me dice: ‘¿Cuál es el tema, es la indemnización; es lo que le tenemos que pagar…?’ Y reitera, ‘lo que le tenemos que pagar a esta gente?’ Entonces yo le digo: No le entiendo doctora lo que me quiere decir y me vuelve a hacer la misma pregunta: ‘Como no me vas a entender, ¿el tema es lo que le tenemos que pagar como indemnización a esta gente?’ Entonces yo le vuelvo a decir: No le entiendo lo que me quiere decir. Por tercera vez me lo vuelve a decir, entonces yo le digo que no es que no entienda los términos de lo que usted está diciendo, lo que no entiendo es que usted dice ‘tenemos que indemnizar’. Nosotros no tenemos que indemnizar nada porque nosotros somos el Poder Judicial y quien tiene que indemnizar es el Estado, o sea, el Poder Ejecutivo. Me parece que usted está confundiendo los roles y el actuar de uno y otro poder. Esto le molestó, evidentemente, a la doctora Novillo y ahí empieza a mirar de reojo a quien le habla”.

Este resumen pertenece a una declaración periodística de la ex juez Alicia Rodríguez publicada por Periodistas en la red en octubre de 2011 (Ver archivo). Jamás nadie inició una investigación judicial para saber a ciencia cierta si existió lo que dijo Rodríguez, puesto que a primera vista podría constituir una grave falta por parte de Novillo. La gran pregunta sería ¿Es por culpa de los fiscales por negarse a ‘poner el dedito’ que nadie hizo nada con esto? ¿O es culpa de los fiscales por no animarse a realizar una investigación de oficio? Y si ningún fiscal actuó ¿No debería haberlo hecho algún juez, aunque los jueces no tienen la obligación de ‘poner el dedito’?

En nuestro sistema, los dictámenes fiscales, si bien tienen algún peso, no son vinculantes, es por eso que por más que un fiscal insista requiriendo alguna investigación al juez, éste puede mirar para otro lado y nunca hacer lo que le están solicitando. Ejemplos de estos, sobran. Los jueces tienen en sus manos el poder de decisión en los expedientes, pero son los jueces los que no tienen la obligación de ‘poner el dedito’. Si bien hay honrosas excepciones, a diario se pueden ver jueces o camaristas caminando por la zona de la Peatonal o en algún bar, en horario de trabajo. También es costumbre de parte de algunos, de pedir licencia y poder verlos en distintos lugares, aunque ninguno de esos lugares es el de su trabajo. Muchos tienen mora, aunque desde ‘arriba’ se empeñen en decirnos que no existe mora, por algo se pueden ver, muy seguido, acordadas mediante las cuales otorgan prórrogas de plazos. Y esto sin contar algo que Periodistas en la red ha venido criticando desde hace mucho tiempo, como es el horario de comienzo de juicios orales, los cuales se programan para cierta hora y los camaristas los comienzan no menos de media hora más tarde.

Quienes están ‘en la mira’ del Superior Tribunal de Justicia por negarse a ‘poner el dedito’ dan cuenta de lo que podría ser una gran contradicción en el tema, puesto que la Secretaria Administrativa no tiene la misma obligación con el reloj biométrico, a pesar de ser quien tiene que controlar este tema, tampoco tienen la obligación los titulares de las otras Secretarías ‘superiores’.

Quienes transitamos seguido los pasillos judiciales, guardamos en nuestros oídos -no la más maravillosa música como dijera ‘El General’- sino los permanentes reclamos de los abogados por “lo mal que está la Justicia en San Luis”. La gran mayoría se queja por las demoras, por mala atención, por desinterés por parte de los jueces y hay hasta quienes señalan que los jueces tienen “motivos personales” contra ellos; pero ni los abogados -salvo honrosas excepciones también- ni el Colegio de Abogados hacen nada para cambiar la historia. Hay alguno por ahí que denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento a un fiscal, en lugar de denunciar a un juez o camarista, pero lo hace para evitar ‘persecutas’ en otros expedientes; pero también están los que ‘gritan’ faltas graves de jueces o camaristas, pero a la hora de la verdad ni siquiera saben dónde queda el Jurado de Enjuiciamiento. En el bar todos vociferamos, pero donde hay que hacerlo, muy pocos se atreven. Esto también es parte de la crisis judicial.

Lejos de lo que se piensa, el Poder Judicial no solo entra en crisis por problemas internos, sino también por los externos, por la inacción de aquellos que tienen el deber de ejercer un control externo de ese Poder. Zapatero a tus zapatos y a quien le quepa el sayo, pues que se lo ponga; aunque sea más fácil enojarse con el cartero.

Fuente: Periodistas en la red