El Superior Tribunal solicitó al Congreso de la Nación y al INDEC datos oficiales sobre el Censo 2010

Tras la audiencia realizada en el marco de la causa judicial sobre la composición de la Cámara de Diputados de la Provincia, de la que participaron el legislador provincial Alejandro Cacace y la concejal Claudia Rocha, el Superior Tribunal de Justicia decidió solicitar al Congreso de la Nación y al Instituto Nacional de Estadística y Censos los datos del Censo 2010, a fin de que los resultados oficiales sean incorporados al expediente.

A partir de esta decisión podrán ser certificados los datos publicados por el INDEC y permitirá que sea adecuada la composición de la Cámara de Diputados según la cantidad de habitantes de los departamentos, como lo prescribe el artículo 102° de la Constitución Provincial.

“En primer término el Gobierno negaba que debía actualizarse la composición de la Cámara de Diputados, posteriormente Fiscalía de Estado contestó la demanda diciendo que la composición debe ser actualizada pero no por los jueces sino por el Poder Legislativo donde tienen mayoría. Hoy nos dicen que el censo 2010 no está legitimado por la Provincia cuando el propio Gobernador ratificó por decreto la realización del censo”, subrayó Cacace.

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En los años 1991, 2001 y 2010 fueron realizados los censos correspondientes y en ningún momento se modificó la composición de la Cámara baja, a pesar de los cambios que pudieran registrarse a nivel poblacional.

“Este planteo judicial, que puede resultar confuso para la ciudadanía, es en realidad de gran importancia para el sistema democrático de la Provincia. Así, la población va a estar mejor representada y sus aspiraciones se van a ver reflejadas en las políticas públicas que se apliquen desde los Poderes del Estado”, expresó el diputado radical.

En los próximos 20 días se deberán remitir los resultados oficiales del Censo 2010 al Superior Tribunal de Justicia. Posteriormente se dará intervención al Procurador General de la Provincia para que se expida acerca del fondo de la cuestión y, finalmente, el órgano máximo del Poder Judicial de la Provincia deberá dictar sentencia.

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“Las consecuencias de esta situación no afectan sólo a la oposición que tiene enfrente a un oficialismo sobrerrepresentado, afecta a los municipios, a los concejos deliberantes, a las intendencias comisionadas, a la coparticipación municipal y a todos los puntanos porque en San Luis no se cumple la máxima: una persona, un voto”, concluyó.

Fuente: San Luis 24

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