Brasil, otra vez en vilo por la libertad de Lula Da Silva

Raquel Dodge, procuradora general brasileña, se opuso a la decisión que podría ayudar al ex presidente a recuperar la libertad.

La procuradora general brasileña Raquel Dodge mostró su oposición a la decisión de un ministro del Supremo Tribunal Brasileño (STF) que había ordenado ayer liberar a presos condenados en segunda instancia y que todavía tienen algún recurso de apelación disponible, un fallo que podría ayudar a que el ex presidente Luiz Inacio da Silva recupere la libertad.

Dodge envió al presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, un recurso contra la decisión de Aurélio, tomada en soledad por el magistrado, ya que, en su opinión, viola el principio de colegialidad del máximo tribunal de justicia.

Aurélio es el relator en el máximo tribunal del proceso que analiza si es constitucional que quienes fueron condenados por un juez y luego recibieron otro fallo desfavorable ante una cámara revisora empiecen a cumplir pena en prisión, aun y cuando todavía puedan recurrir a una apelación.

La procuradora aseguró que hasta ahora los fallos que el STF emitió han considerado constitucional que los condenados por un tribunal revisor comiencen a cumplir pena en la cárcel. La Procuradora pide que el fallo de Aurélio sea suspendido hasta que el plenario de la Corte analice la constitucionalidad de la figura jurídica de sentencia en segunda instancia, en abril.

Tras este pedido, Dias Toffoli, único miembro del STF en funciones luego de que ayer por la tarde comenzara el receso judicial, puede suspender la aplicación de la decisión de Aurélio este mismo miércoles.

Vinculante
Pese al carácter preliminar o cautelar, el fallo de Aurelio es de carácter vinculante para todos los jueces del país, aunque no es de aplicación automática. Cada juzgado deberá analizar caso a caso su aplicación, ya que podría ignorarla en caso de que el reo presente riesgo de fuga o de entorpecer las investigaciones.

Sin embargo, la rápida apelación de Dodge abre la posibilidad de que no sea aplicado en ningún caso.

La resolución de Aurélio podría beneficiar al ex presidente Da Silva, quien está detenido en Curitiba desde el 7 de abril, cumpliendo una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Según un comunicado de la Procuraduría General brasileña, además de Da Silva, podrían beneficiarse 169 mil presos en todo el país.

Conocida la decisión de Aurélio, la defensa de Da Silva se presentó de inmediato ante la Justicia de Curitiba y pidió la liberación del ex presidente.

“Se torna imperioso el cumplimiento de la decisión emanada de la Suprema Corte”, reclamó el equipo de abogados en una nota presentada ante el tribunal.

La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia y la defensa del ex mandatario apeló la decisión, la cual está en trámite.

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