Ponce vetó la creación de un segundo Juzgado de Faltas

El intendente firmó el decreto N° 1743, que deja sin efecto la ordenanza, aduciendo que iba en contra de la Carta Orgánica Municipal.

Enrique Ponce, intendente de la ciudad de San Luis, firmó el decreto N° 1743, que veta en su totalidad la ordenanza de Regulación de la Justicia de Faltas Municipal, que disponía la creación de un segundo organismo que funcione en paralelo con el actual. En la Comuna afirman que la normativa aprobada —en forma unánime por el Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria— va en contra de lo que dicta la Carta Orgánica Municipal. El juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari, se mostró sorprendido, y afirmó que legalmente no hay argumentos para que no se cumpla lo dispuesto por la ordenanza.

El 19 de diciembre pasado se realizaron dos sesiones extraordinarias en el Concejo Deliberante, en las que se debatieron importantes proyectos, entre los cuales estaba la Regulación de la Justicia de Faltas Municipal, para darle una solución al funcionamiento del organismo. Todos los ediles presentes (incluso los de San Luis Somos Todos, partido político de Ponce) levantaron la mano para aprobar la ordenanza que disponía de un segundo espacio, permitiendo un trabajo repartido, y una independencia presupuestaria y administrativa del Juzgado.

Hace años Ferrari viene poniendo el grito en el cielo por las malas condiciones en las que trabaja el Juzgado de Faltas, por lo cual vio con muy buenos ojos la aprobación del proyecto. El alivio duró menos de un mes.

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En la Municipalidad confirmaron el veto. «El motivo, principalmente, fue la modificación que hace una ordenanza a la normativa que establece la propia Carta Orgánica, que en este caso estatuye una justicia administrativa de faltas. En tanto la Carta Orgánica le asigne el carácter administrativo al organismo de Justicia de Faltas Municipal, la ordenanza significa un avance sobre la normativa que se desprende de la Carta Orgánica Municipal», esgrimió Ignacio Campos, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad.

El juez de Faltas salió al cruce: «El motivo que da el Municipio para vetar es algo que ya fue estudiado por la Justicia provincial en el fallo Arrieta —con Municipalidad del 2000— en la Cámara de Apelaciones N° 2 de la ciudad de San Luis, con fallo firme. Eso fue también analizado por el Concejo Deliberante al dictar la ordenanza 3316/2013, que ratifica la autonomía de la Justicia de Faltas», y agregó: «Me sorprendió mucho el veto, porque es una ordenanza que salió por unanimidad de todo el cuerpo del Honorable Concejo Deliberante, y porque fue muy estudiada. Era un proyecto del concejal Guiñazú, con el que ya venía hace muchísimo tiempo. Estaba muy bien fundada».

La notificación del veto no cayó bien en parte del cuerpo legislativo, ya que entendieron la valoración del consenso entre todos los partidos políticos, para llegar a su aprobación. «Nos sorprendió mucho enterarnos de esto, sobre todo porque fue algo que se aprobó de forma unánime. Me dio mucha bronca. Es de público conocimiento que, a fines del año pasado, presentaron un expediente para hacerle un juicio político al actual juez de Faltas Municipal. Claramente, ellos ven una falencia, pero no tienen la intención de solucionarla. Creo que es una jugada política mala, que nos va a perjudicar a todos», afirmó Johana Sosa, la concejal del Frente Unidad Justicialista.

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Ferrari hizo hincapié en la situación actual del Juzgado, y lo bien que hubiera resultado para el organismo la normativa ya vetada. «Espero que los concejales puedan volver a tratar este tema. La justicia de faltas municipal está en un estado desesperante. Esta ordenanza significaba un bálsamo para nosotros, de poder organizarnos, y que le podamos dar la justicia que merece el vecino de la ciudad de San Luis», aseguró, y luego profundizó: «Esta ordenanza era muy positiva porque no permitía lo que está pasando ahora. Nos daba independencia presupuestaria, económica, administrativa y funcional. La justicia de faltas está sufriendo la dependencia en todo sentido. Estoy atado de pies y manos hace muchos años, no tenemos sistema informático, tenemos más de 120 mil actas de tránsito sin notificar del 2016, 2017, 2018 y los pocos días que van del 2019, no tenemos la posibilidad de designar gente, estamos sin insumos hace mucho tiempo».

Sosa sumó que el cuerpo seguirá intentando buscar soluciones al problema pero que legalmente, tras el veto, no pueden insistir con esa ordenanza, al menos por un año.

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