Caso Auderut: plantean que la detención del brasileño es nula

Lo hizo el defensor oficial Penal Carlos Salazar, que asiste a Gilcimar Vispo Souza, uno de los imputados.

Para el defensor oficial Penal Carlos Salazar, «hay circunstancias poco claras en el expediente» en relación al arresto del artesano brasileño Gilcimar Vespo Souza, sospechoso de haber participado de la golpiza que llevó a la muerte a Matías Auderut, hace dos semanas. Por ello, en base a lo que ha analizado, Salazar planteó la nulidad de la detención. Consideró, además que cuando el primer juez que intervino en el caso, Marcos Flores Leyes, le tomó la declaración indagatoria, ya estaban vencidos los plazos.

En verdad, las circunstancias en las que fue detenido e indagado el brasileño son iguales a las del otro imputado, el artesano y malabarista correntino Federico Ariel Zamudio, que sería quien habría desplegado la acción más grave, al golpear a Auderut en el cráneo con una rueda de malabares.

Salazar le explicó a El Diario que al leer el expediente advirtió que los artesanos fueron aprehendidos por antecedentes y medios de vida el sábado 5, en Villa Mercedes. «Cuando opera la detención de una persona, (la Policía) le tienen que dar intervención al juez de turno, por más que sea por antecedentes y medios de vida. Es más, hay una diligencia de instrucción que dice que notificaron al juez (Penal 1 de esa ciudad), Alfredo Cuello y a la defensora oficial Penal», refirió el defensor.

«Supuestamente –continuó– a las diligencias las ha hecho (el Departamento) Investigaciones. Pero, según lo que me informan en la instrucción, fueron detenidos por la Guardia Urbana. A mi defendido le mostraron una foto del perfil Facebook, preguntándole si ese era él. Les contestó que sí, que era él, y le manifestaron que quedaba detenido por el homicidio de una persona», indicó.

Por ello, «hay incongruencias», afirmó. «Si le dicen que queda detenido por un asesinato, por qué hacen un expediente por averiguación de antecedentes –cuestionó el defensor–. Es una dilación innecesaria, injustificada e inclusive de mala fe por parte de la Policía, un acto rayano en lo inconstitucional y violatorio de todas las garantías constitucionales».

«Luego, el mismo juez Cuello hizo una comunicación telefónica, supuestamente, con la instrucción, y le dijo que estas personas eran buscadas o estaban implicadas en el caso investigado en San Luis, y remitieron las actuaciones de Villa Mercedes a San Luis», dijo.

Para Salazar, el procedimiento no es así. Si una persona está detenida, para ponerla a disposición de otro magistrado, el juez tiene que previamente declararse incompetente. «Aquí, se ha reiterado en el expediente en tres oportunidades que informen dónde está la declaración de incompetencia del juez de Villa Mercedes, y no hay tal expediente», aseveró.

Y, si a los sospechosos los hubiesen aprehendido por orden del juez de San Luis, razonó Salazar, «tendría que haber estado la orden de detención librada, haberse concretado como corresponde y luego trasladarlos aquí a San Luis. Pero no existía la orden de detención».

«Creo que lo que quisieron hacer es detener por antecedentes a personas que ya sabían que eran investigadas por un homicidio, a las que les han hecho una causa por antecedentes ilegítimamente, o falseando la verdad. Las cosas claras: los antecedentes y medios de vida son para hacer esa diligencia concreta, es decir, para saber quién es ese sujeto y cómo subsiste. Eso implica que hay un expediente. Y tienen que ponerlo a disposición de un juez de turno, con jurisdicción en el lugar de detención», explicó.

El funcionario dijo que pediría que le informaran sobre la causa por antecedentes, de la que no habría constancia alguna. «No hay una causa formal, y el informe de un secretario no va a suplir un expediente penal», afirmó.

Por otro lado, refirió que «es imposible que no se hayan vencido los plazos» que el magistrado tenía para tomarles la indagatoria. Fueron detenidos el sábado 5 en Villa Mercedes, y les tomaron declaración el martes 8 en San Luis. «Desde el momento de la detención, tienen 24 horas para ponerlo a disposición del juez de turno, que en este caso tendría que haber sido Cuello, quien se tendría que haber declarado incompetente de la forma correspondiente, es decir, por un auto fundado, y luego haber remitido las actuaciones y los detenidos al Juzgado de San Luis que lleva adelante la investigación», consideró.

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