Auditoría en la UNSL por sueldos mal liquidados

Quieren detectar las responsabilidades en los pagos deficientes. También revisarán casos.

Las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis y los gremios docentes llegaron a un acuerdo tras los polémicos descuentos en los haberes de los educadores a principios de mes. Y, para calmar las aguas, la casa de estudios ordenó una auditoría interna y una revisión de casos puntuales, que contará con la participación de las entidades gremiales.

Este miércoles, en el segundo piso del Rectorado de la universidad, se pergeñó el acuerdo. Mientras los docentes debatían los pormenores del conflicto en la Sala de Escudos, Diego Costa, secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu) dialogaron con Raúl Andrés Gil, secretario general de la universidad.

En resumidas cuentas (el encuentro duró cerca de tres horas), se definió que se hará una auditoría interna a cargo del órgano específico de la universidad, que empezará con la revisión —desde octubre del año pasado— de casos puntuales de la que participarán representantes técnicos de los gremios involucrados. A su vez, la casa de estudios se comprometió a no realizar próximos descuentos y a devolver lo retenido para este viernes.

Costa, al terminar la reunión, informó a El Diario de la República que en las asambleas convocadas por el gremio por los descuentos se detectaron otros problemas, como la falta de pagos de retroactivos y categorías que no estaban liquidados. “En función de esto planteamos la revisión de todo el proceso de pago de sueldos, desde la incorporación de cifras en negro desde octubre del año pasado”.

El registro va a estar a cargo de una comisión que hará “un seguimiento del pago de haberes y, cuando se detecten posibles errores, lo llevaremos a ella para que determine si ha sido así y corregirlos con celeridad”. Mientras que la auditoría “pone énfasis en los mecanismos y en las responsabilidades para corregir errores a futuro en esos mecanismos y que no vuelvan a ocurrir”.

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La comisión revisora estará compuesta por representantes gremiales, la Secretaría General, representantes de las unidades académicas y la dirección de liquidación de haberes. La auditoría, en cambio, se hará de manera interna, aunque “contará con la participación de los sindicatos”.

El análisis tendrá como fecha de inicio octubre del año pasado, mientras que la revisión sería de “forma permanente”. Se toma en cuenta ese mes del 2018, porque fue cuando empezaron a pagarse sumas remunerativas no bonificables y sumas no remunerativas, algo que Costa calificó directamente de pagos en “gris y en negro”, respectivamente.

“En abril de 2007 logramos blanquear todos nuestros haberes. Pero, el año pasado, con el acuerdo paritario de otras representaciones gremiales, se volvieron a incorporar cifras en negro y en gris. Eso ha sido un retroceso y ha complicado el cálculo de liquidaciones de sueldo. Calcular el salario es fácil, para cierto cargo, para cierta antigüedad y así. Con las cifras en negro y en gris es imposible hacerlo en forma directa y muchos compañeros y compañeras no saben cuánto cobran”, argumentó.

El gremialista señaló que las autoridades dieron como una de las justificaciones de la mala liquidación el atraso de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en el envío de los instructivos para realizar los pagos: “Muchas veces llegaban sobre la fecha que estaban realizando la liquidación, inclusive después. Esto ha generado errores, pagos con atraso de hasta un mes y medio en algunas sumas que debieron haberse abonado”, describió. También la universidad atraviesa un cambio en el sistema informático. “Son errores que uno entiende. Lo que sí nos interesa revisar es toda la cadena de responsabilidades hacia arriba y los mecanismos para que no vuelva a pasar”, remarcó.

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ADU, el gremio más convocante entre la docencia universitaria puntana había levantado un poco las alertas, solicitando la renuncia de las autoridades responsables y hasta no tomar exámenes por los descuentos erróneos. “Esto, por el momento, resuelve el problema de las retenciones. Todo lo demás se va a continuar discutiendo porque hay que tener en cuenta que ha habido otros errores en las liquidaciones. Queremos revisar todo el proceso”, contestó Costa, sobre posibles medidas a tomar, que, por lo tanto, se dejarían en pausa.

«Lo que vaya a hacer la universidad hacia el interior es un tema que tendrán que ver las autoridades. Nosotros tenemos el acuerdo de que los fondos se devuelvan. Todos estos procesos mientras más abiertos sean, tomando en cuenta que la administración pública contempla las auditorías, no deben ofender a nadie. Es una oportunidad de acceso libre y democrático al proceso de administración de una institución pública», opinó con un dejo de conformidad, Antonio Mangione, paritario de Sidiu.

Fuente ED