Los objetivos de la AFIP para 2025

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La AFIP presentó su plan hacia 2025, con foco en la mejora de la recaudación, el incremento de la progresividad tributaria, el alza de los índices de registración laboral, el fortalecimiento de la fiscalización del comercio exterior y una mayor eficiencia de gestión. Se trata de un documento de 140 páginas que describe al detalle cómo funcionan las distintas áreas de gestión del organismo, indicadores de desempeño, objetivos para los próximos años y las distintas formas de alcanzar dichas metas.

Recaudación

«La recaudación tributaria nacional como porcentaje del PBI muestra un incremento significativo a partir del año 2004, alcanzando valores máximos históricos entre 2012 y 2015, cuando se ubicó alrededor del 26 por ciento del PIB. Esta tendencia no se mantuvo, sino que se revirtió durante el período comprendido entre 2016 y 2019. En 2020 la recaudación, si bien mantiene su carácter procíclico, cae en una proporción menor a la actividad económica. Este logro se debe en parte a medidas de política tributaria, como el establecimiento del Impuesto PAIS y las modificaciones en el Impuesto sobre los Bienes Personales«, describe la AFIP.

Prevé ejercer un «control integral» sobre la actividad granaria, con fortalecimiento de la inteligencia satelital, entre otras medidas. Otra área puntual de trabajo es la economía digital, en donde la AFIP advierte que se «requiere de una constante adaptación normativa, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de equipos de expertos, una mayor cooperación internacional y el desarrollo de nuevas estrategias, esperando generar un aumento de la percepción de riesgo y del cumplimiento voluntario, una disminución de las brechas de incumplimiento y una desincentivación de las maniobras vinculadas a delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción».

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Progresividad

La AFIP pone en la balanza los impuestos progresivos, como Bienes Personales o Ganancias, frente a los regresivos, como el IVA, a la hora de establecer el grado de progresividad de la estructura tributaria nacional. Desde 1980, el sistema tributario fue casi siempre regresivo, con escasas excepciones. Durante el macrismo, la regresividad se incrementó, a partir de la retracción en Bienes Personales, Ganancias y Derechos de Exportación. En 2020, se achicó la regresividad por la mayor participación de Bienes Personales y la creación del impuesto PAIS.

En este terreno, la AFIP advierte que la principal responsabilidad corresponde a la política tributaria, aunque también el organismo tiene importancia porque «desde hace muchos años ha prestado especial atención al cumplimiento de las obligaciones en los impuestos generales al consumo, básicamente el IVA».

El organismo comenzará a medir el cumplimiento de los impuestos más progresivos. «Los esfuerzos que se hagan para mejorar el desempeño recaudatorio de los impuestos más progresivos repercutirán en la construcción de un sistema tributario más justo», indica el documento.

Regularización laboral

«Se verifican diversas situaciones de incorrecto registro de los vínculos laborales. Por un lado, la relación asalariada sin registrar y, por tanto, sin aportes y contribuciones a la seguridad social; por otro, la relación asalariada con subdeclaración del salario y, en consecuencia, con monto menor de aportes y contribuciones. También la relación asalariada registrada como trabajador/a independiente y el trabajador/a independiente no registrado/a en AFIP», es el diagnóstico oficial.

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«La informalidad laboral es un problema endémico en Argentina, que se viene expandiendo desde la última dictadura militar y que llegó al punto máximo durante la Convertibilidad, cuando se produjo una profunda crisis ocupacional que se reflejó en una tasa de asalariados/as sin registración superior al 50 por ciento. Con la recuperación del aparato productivo y la reconfiguración del rol estatal en las relaciones laborales, la tasa tuvo una drástica reducción que alcanzó su piso en el año 2015 con 32,7 por ciento del total de asalariados. La vuelta de una política económica similar a la implementada en la década de los ’90 hizo que la tasa de los asalariados no registrados llegue al 35,1 por ciento en 2019, disminuyendo en 2020 al 30,2″, indica el informe.

El Gobierno quiere atacar la tasa de no registro a partir de «una mayor capacidad de detección temprana de situaciones de trabajo informal y disminución de los tiempos requeridos en los procedimientos de investigación y fiscalización«.