El abogado del presidente peruano consideró que el pedido de autorización de la Fiscalía al Congreso para formalizar la investigación a Castillo desconoce el mandato del juez Juan Carlos Checkley.

El defensor del presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó este lunes ante la Corte Suprema un recurso conocido como «tutela de derecho» con el que busca anular la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el jefe del Estado, informó la prensa local. El abogado Benji Espinoza explicó que procura que se convoque a una audiencia para debatir con el Ministerio Público si la denuncia constitucional respeta o no la tutela judicial efectiva concedida por el juez supremo Juan Carlos Checkley en el caso Puente Tarata III, según la agencia de noticias Andina y el diario La República. Puente Tarata III es una obra pública en cuya concesión Benavides sospecha que hubo corrupción y que forma parte de las causas por las que presentó la denuncia constitucional ante el Congreso la semana pasada. La denuncia sostiene que Castillo cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto Puente Tarata III y en la compra de biodiésel B100 por parte de la empresa estatal Petroperú, así como los de colusión agravada y tráfico de influencias. Según el fiscal adjunto, Marcos Huamán, el Ministerio Público tiene 190 elementos probatorios.

Espinoza consideró que el pedido de autorización de la Fiscalía al Congreso para formalizar la investigación a Castillo desconoce el mandato de Checkley, así como la Constitución. “El juez estableció dos límites: le dijo a la Fiscalía que no puede ni formalizar, ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede siquiera tramitar una acusación constitucional contra el presidente por fuera de los supuestos del artículo 117° de la Constitución”, aseveró Espinoza. Ese artículo establece que el presidente «solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso». “Por esa razón estamos pidiendo al juez una audiencia para debatir con la Fiscalía los argumentos y, de ser necesario, que se estime nuestra pretensión para que se anule la denuncia constitucional”, indicó Espinoza. El abogado explicó que si el juez declara fundada la tutela de derechos, se anulará la denuncia constitucional y se dará por no presentada ante el Congreso. En ese caso, refirió que la Fiscalía tiene derecho a impugnar o cuestionar la apelación del juez en la segunda instancia.