La Cámara de Diputados provincial aprobó este miércoles la normativa que establece un régimen de incentivos fiscales consistente en la exención -con distintos grados- de todos los impuestos provinciales para promover inversiones en los sectores industrial, agroindustrial, logístico, minero, tecnológico y servicios conexos.

En busca de generar las condiciones favorables para la radicación, expansión y/o perfeccionamiento de las empresas y promover la generación de empleo genuino, el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción presentó en la legislatura provincial un proyecto para el fomento a las inversiones, que esta semana logró convertirse en ley y materializar la posibilidad de acceder a nuevos beneficios para el sector productivo.”La aprobación de esta ley es una gran noticia porque consolida otra herramienta para impulsar el desarrollo productivo y generar nuevas fuentes de trabajo. En este sentido, lo que distingue a San Luis de otras provincias es la transferencia de los recursos, basada en tres ejes fundamentales: el empleo, el desarrollo y la inclusión, y promoviendo el bienestar social”, destacó el ministro Juan Lavandeira.

Detalles de la Ley

La normativa establece mecanismos para equilibrar los factores de decisión que permitan orientar las inversiones a los distintos departamentos y así fortalecer la integración de distintas áreas geográficas, estableciendo beneficios diferenciados, según la locación de las inversiones.

Este proyecto establece beneficios también para los inversores, socios y/o accionistas de empresas a radicarse mediante el otorgamiento de crédito fiscal utilizable para cancelar impuestos provinciales en porcentajes que varían entre el 50% y el 100% de la inversión, de acuerdo a la localización del proyecto.

Este proyecto se reserva un trato diferente entre grandes y pequeñas inversiones. Asimismo, con el propósito de favorecer a las zonas más desprotegidas, se establecen límites de beneficios fiscales que se relacionan con las inversiones realizadas, diferenciándose las condiciones conforme sea la zona de localización del proyecto.

La propuesta incorpora tres aspectos novedosos en la legislación de incentivos fiscales:

 La posibilidad de readecuar el proyecto de inversión, motivada, por ejemplo, por la modificación en su objeto debido a cambios de políticas de la empresa, de preferencias de los mercados u otras externalidades.

 La posibilidad de solicitar la suspensión de los beneficios oportunamente adquiridos, hasta por dos años.

 La posibilidad de permitir la desvinculación del proyecto de inversión respecto de las obligaciones emergentes, para evitar males mayores en su ejecución. Para facilitar la sustentabilidad de los proyectos y su aprovechamiento en los ciclos expansivos, el proyecto de ley prevé extender el plazo de los beneficios en los casos de reinversión de utilidades, lo que permitirá mejorar los resultados de las empresas en los ciclos expansivos. Además, introduce una herramienta innovadora vinculada al comercio exterior, al establecer incentivos específicos a las exportaciones, que se realicen desde San Luis. De este modo se refuerza la política de insertar productos de San Luis al mundo.

La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Producción que, junto a otros representantes estatales, formará una Comisión Evaluadora multidisciplinaria para estudiar los proyectos de inversión que se presenten. Será considerada la normativa provincial y nacional en materia de preservación del ambiente y de los recursos naturales para la evaluación y control de los proyectos, promoviendo la incorporación de la perspectiva de género mediante un incremento en el porcentaje de las exenciones. Así también se establecen facilidades para acceder a los terrenos fiscales. Se pone a disposición de los inversores alternativas suficientes para contar con terrenos, con o sin mejoras o edificaciones, sea en propiedad, o bajo la suscripción de contratos de locación, o leasing.

El proyecto de ley establece como plazo límite el 31 de diciembre de 2023 para la presentación de proyectos, el cual puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo.