El expresidente Alberto Fernández amplió su declaración ante la Justicia en el marco de la causa de los Seguros. Frente al juez Sebastián Casanello, negó haber cometido delitos y pidió su sobreseimiento. Está imputado por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Durante la audiencia, la defensa presentó una serie de pruebas y solicitó la citación de varios exfuncionarios, entre ellos Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce. “El decreto firmado por Fernández fue para proteger al Estado, no para perjudicarlo”, afirmó su abogada Marina Barbita.
La defensa también apuntó contra el juez Julián Ercolini, quien intervino en la etapa inicial de la causa. Señalaron que existían vínculos previos entre el magistrado y el expresidente, lo que a su criterio comprometía su imparcialidad. Aun así, destacaron el respeto con el que se llevó adelante el proceso.
En un comunicado oficial, Fernández insistió en que el decreto 823/2021 no direccionaba negocios, sino que buscaba limitar la intervención de terceros en la contratación de seguros por parte del Estado. Aseguró que su patrimonio es acorde a su trayectoria profesional.
Uno de los puntos investigados es su relación con el broker Héctor Martínez Sosa, a quien conoce desde antes de asumir la presidencia. Fernández aclaró que nunca lo benefició desde su rol como funcionario público.
El informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) que analiza la evolución patrimonial del expresidente no detectó irregularidades aparentes. Fernández defendió la legalidad de sus bienes y movimientos financieros.
La causa también involucra a otros funcionarios y contratos del Estado, además de investigar si existió una estructura organizada para desviar fondos públicos hacia privados. Ya se analiza el patrimonio del exintendente de Olivos, Daniel Rodríguez, ante sospechas de que podría actuar como testaferro.
Mientras tanto, el juez Casanello sigue reuniendo pruebas, y aún no emitió una resolución definitiva. La investigación sigue abierta y gira en torno a la supuesta participación de Fernández y otros actores en el manejo irregular de contratos de seguros durante su gestión.
