Con el inicio de las sesiones extraordinarias cada vez más cerca, el Gobierno nacional atraviesa la etapa final de negociaciones con los gobernadores para garantizar los apoyos legislativos que permitan avanzar con el paquete de reformas previsto para el verano parlamentario. La estrategia oficial combina reuniones políticas, ajustes presupuestarios y la promesa de asistencia financiera a las provincias que muestren disciplina fiscal.
El Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, mantuvo en las últimas semanas encuentros con la mayoría de los mandatarios provinciales convocados tras las elecciones. Quedaron fuera de la ronda inicial cuatro distritos, mientras que el resto mantuvo o tiene previstas reuniones para plantear reclamos y necesidades específicas. La información recogida por Santilli será elevada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y posteriormente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien definirá el margen real de recursos disponibles.
En la Casa Rosada consideran que el apoyo parlamentario de los gobernadores resultará clave para la aprobación del Presupuesto 2026, la denominada Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral. A cambio, el Gobierno evalúa la posibilidad de distribuir recursos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional, con prioridad para las provincias que hayan mostrado esfuerzos concretos de reducción del gasto. En la conducción económica sostienen que no habrá un trato uniforme y que los distritos que no hayan acompañado la línea de austeridad tendrán menos posibilidades de acceder a fondos adicionales.
En paralelo, las gestiones políticas también buscan recomponer vínculos con algunas provincias que manifestaron malestar en las últimas semanas. Dentro de ese escenario, comienzan a delinearse bloques legislativos provinciales que podrían desempeñar un papel determinante en la votación de las iniciativas oficiales. Una de esas alianzas, integrada por representantes de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones y Neuquén, se encamina a tomar forma como bancada diferenciada del peronismo tradicional, lo que ampliaría las chances del oficialismo para construir mayorías circunstanciales.
Además de los ATN, el Gobierno analiza otras medidas para responder a demandas recurrentes de los mandatarios, como la posibilidad de liberar parte del impuesto a los combustibles para financiar obras públicas, un punto compartido por prácticamente todas las provincias. También se evalúa otorgar avales de Nación para facilitar el acceso a créditos internacionales y avanzar sobre la reforma de la Ley de Glaciares, reclamada en particular por los distritos mineros.
En este clima de negociaciones cruzadas y presiones fiscales, la Casa Rosada busca cerrar en los próximos días el marco de acuerdos que le permita llegar a las sesiones extraordinarias con un escenario legislativo previsible y con respaldo suficiente para impulsar los proyectos centrales de la administración Milei.
