Los sindicatos estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron un paro general para el próximo 11 de febrero, jornada que coincidirá con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Además, el gremio evalúa la realización de protestas en todo el país para presionar a los gobernadores.
La medida fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, tras una reunión del Frente de Sindicatos Estatales. “Ir a una huelga general el día que se trate la reforma es obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una acción aislada”, afirmó, y llamó a iniciar un plan de lucha previo al debate parlamentario.
En ese marco, Aguiar propuso movilizaciones en las provincias cuyos gobernadores respalden la iniciativa del Gobierno nacional. Apuntó especialmente contra los mandatarios que mantienen diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, y sostuvo que “sin los gobernadores el Gobierno no puede avanzar”.
Desde ATE advirtieron que la reforma laboral busca “debilitar al extremo a los trabajadores y multiplicar el poder de los patrones”. También remarcaron que el proyecto impacta directamente en el sector público, ya que organismos como PAMI, Anses, Vialidad Nacional y la Aduana se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que el Ejecutivo pretende modificar.
El gremio también denunció que uno de los puntos centrales del proyecto es el cambio en la presunción de vínculo laboral para trabajadores monotributistas, lo que, según ATE, apunta a “perpetuar el fraude laboral” tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios.
Del encuentro participaron sindicatos de la salud, justicia, energía, docentes universitarios y organizaciones de jubilados, que coincidieron en la necesidad de “poner límites” a la gestión del presidente Javier Milei.
En paralelo, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, con un temario que incluye la reforma laboral, la aprobación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, la adecuación de la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.
