La provincia retomó su participación en el Programa Nacional de Vigilancia Electrónica, una herramienta tecnológica que permite monitorear mediante dispositivos GPS a personas que cumplen arresto domiciliario u otras medidas alternativas de detención dispuestas por la Justicia. La reincorporación se formalizó mediante un convenio firmado entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación, poniendo fin a un paréntesis de casi tres años durante el cual San Luis fue la única jurisdicción del país sin acceso a este sistema.
El acuerdo, rubricado por la ministra de Seguridad provincial, Nancy Sosa, y su par nacional, Alejandra Monteoliva, incluyó la entrega inmediata de 60 tobilleras electrónicas que serán utilizadas para supervisar el cumplimiento de restricciones impuestas por jueces de las órdenes Nacional, Federal o Provincial. La provincia había abandonado el programa en julio de 2023 durante la gestión anterior, quedando fuera de una red que opera en el resto del territorio argentino.
El sistema funciona bajo estricto requerimiento judicial: cada caso es evaluado mediante un informe técnico previo que determina su viabilidad, y la colocación del dispositivo depende exclusivamente de la decisión del magistrado interviniente. El área técnica provincial se encargará del monitoreo diario, el rastreo en tiempo real y la notificación inmediata ante cualquier anomalía o intento de manipulación del dispositivo.
Un aspecto relevante del convenio es que no genera erogaciones para el erario provincial. El costo de los equipos, su mantenimiento y la plataforma tecnológica de seguimiento corren por cuenta del Estado nacional. Además, el personal local recibirá capacitación gratuita para garantizar el manejo adecuado de la tecnología y la correcta articulación con los organismos judiciales.
La reincorporación al programa representa un avance en la gestión penitenciaria alternativa, aliviando la presión sobre el sistema carcelario y permitiendo un control más eficaz de personas procesadas o condenadas que acceden a medidas no privativas de libertad. Para San Luis, implica recuperar una herramienta clave en la política de seguridad que combina innovación tecnológica con el respeto al debido proceso y la autonomía del Poder Judicial.
