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La Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó en el edificio de la TV Pública con el objetivo de llevarse los contratos que la productora del periodista Marcelo Grandío tendría con la emisora estatal. El juez federal Ariel Lijo busca determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública de parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El escándalo se desató por un viaje en un avión privado que compartieron Adorni, su familia y Grandío con destino a Punta del Este. El fiscal Gerardo Pollicita investiga si el financiamiento del viaje por parte de terceros vinculados a contratos estatales constituye el delito de dádivas o una infracción a la Ley de Ética Pública.

La Justicia debe determinar si el pago de Grandío respondió a una suerte de retribución de favores por sus contratos con la TV Pública. Esa es una de las teorías de la investigación, que por estas horas parece desplazar a la hipótesis del enriquecimiento ilícito.

En este sentido, Grandío todavía no fue citado como testigo porque no se descarta una eventual citación como imputado, según cómo evolucione la investigación.

Ayer, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete aseguró que él se hizo cargo de sus gastos y los de su familia. Este testimonio contradice esa versión.

Este jueves declaró ante la Justicia el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este, Agustín Issin. Aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Marcelo Grandío. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por US$42.000, de los cuales le vendió un par a Grandío.

El vuelo a Punta del Este fue facturado a Grandío, a Imhouse S.A., la productora del periodista, a través de la empresa Alpha Centauri. Pagó US$3000 dólares. Adorni deberá demostrar que pagó esos vuelos a Grandío y que no se trató de una dádiva.

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