Se trata del abogado penalista Ángel Valencia Vásquez, que será el nuevo jefe del Ministerio Público chileno por los próximos ocho años. El cargo estaba vacante desde que había renunciado el anterior fiscal y luego de dos intentos fallidos.

El Senado chileno ratificó al abogado Ángel Valencia Vásquez, propuesto por el presidente Gabriel Boric, para encabezar la Fiscalía Nacional, tras dos intentos fallidos, cien días de vacancia en el cargo y una extensa negociación en la que el Ejecutivo debió flexibilizar convicciones y apostar a una carta que aunque no era de su preferencia, prometía reunir los votos para su aprobación.

«La Sala del Senado aprobó, por 40 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, el oficio del presidente de la República por el que nombra a Ángel Valencia Vásquez como fiscal nacional», informó en la noche del lunes el Congreso a través de un comunicado, por lo que el abogado penalista se convierte en el nuevo jefe del Ministerio Público chileno por los próximos ocho años.

El cargo permaneció vacante desde que renunció el anterior fiscal, Jorge Abbott, en octubre de 2022, debido a que los dos candidatos propuestos por el mandatario, los abogados José Morales y Marta Herrera, fueron rechazados por el Congreso.

El fiscal nacional ordena y fija los criterios de actuación del órgano en materia de recursos humanos, remuneraciones, inversiones, planificación de desarrollo, administración y finanzas, nombra y remueve fiscales regionales a discreción y administra el presupuesto de la Fiscalía.

La decisión de Boric de postular, en un tercer intento, a Valencia descolocó y molestó a ciertas bancadas oficialistas, que cuestionan el perfil del candidato escogido.

Repercusiones del nombramiento

«Este no era el primer candidato del presidente Boric», aseguró el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática -uno de los partidos de la alianza de Gobierno- tras la votación en el Congreso, informa el portal chileno de noticias El Mostrador.

Según Latorre, después de las dos fallidas nominaciones (de Morales y Herrera), se impuso el «pragmatismo» y el Gobierno eligió a quien tenía más probabilidades de conseguir los votos necesarios.

«Hubo dudas y cuestionamientos de distintos colegas. También del mundo civil, el feminista, el de derechos humanos, cuestionamientos por los vínculos políticos», explicó Latorre sobre Valencia.

Latorre explicó que votó por el nuevo jefe del Ministerio Público «más por lealtad al Gobierno y a la decisión del Presidente Boric que por convicción.

El nombramiento de Valencia supone un golpe a la identidad de Apruebo Dignidad, la coalición política conformada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), cuyas dirigencias admitieron que esta opción no los representa pero reconocieron las dificultades de una eventual cuarta votación.

También afloró una disidencia en un sector de la conservadora y opositora Renovación Nacional (RN), que prefería a Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, quien hoy ejerce como jefe subrogante del Ministerio Público, luego de que Abbott dejara el cargo por cumplir el límite de edad de 75 años.

También las senadoras Loreto Carvajal, del Partido por la Democracia (PPD) y la precandidata presidencial por la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste emplazaron a Valencia por su rol como abogado en casos de abusos sexuales y de derechos humanos.

«No se trata de traicionar al Presidente, se trata de no traicionar a la ciudadanía con un personero que no cumple los estándares que corresponden en lo técnico… Los abogados tienen derecho a ejercer su profesión, pero también tienen derecho a escoger sus causas… El historial profesional de él habla de una conducta reiterada en favor de la defensa no precisamente de las víctimas», dijo Carvajal.

Hubo seis votos en contra y tres abstenciones, una de ellas del presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde (PS).

Si bien Valencia corría con cierta ventaja, ya que contaba con el apoyo de un grupo influyente y transversal de senadores, desde socialistas hasta la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), la discusión fue áspera.

Se trataba tal vez el nombramiento más importante del presidente Boric, en vista del papel de la institución persecutoria en el combate de la delincuencia, hoy la principal demanda de la ciudadanía y su nombramiento dejó fracturas en la alianza gobernante.

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