Finalmente, el interbloque Provincias Unidas de Río Negro y Misiones presentó un proyecto de ley para derogar las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultaneas (PASO). La iniciativa lleva las firmas de los rionegrinos Luis Di Giácomo y Agustín Domingo, y de los misioneros Luis Sartori y Carlos Fernández, habituales aliados del oficialismo en las iniciativas parlamentarias. Expectativa del sector del oficialismo que se mueve lejos de la Casa Rosada y que debe reunir a la mitad más uno de los diputados para impulsarlo; apoyo del peronismo cordobés, rechazo de JxC y definición que va a depender –entre otros factores– de los bloques «del medio», entre los que están la derecha libertaria. Los argumentos de los autores.

En los fundamentos, los cuatro diputados expresaron que «se ha desvirtuado la finalidad de las PASO, porque mientras que algunos las ven como una «interna» financiada por el Estado, otros las critican por configurar una elección general «anticipada».

«Se cuestiona que las PASO no sirven a su finalidad cuando los partidos políticos se presentan con ‘lista única’, e incluso se objeta que las PASO interfieren en la vida ‘interna’ de los partidos políticos, porque los ‘no afiliados’ pueden alterar el resultado de dicha ‘interna’, afectándose la ‘autonomía’ de los partidos políticos y de sus miembros, que es esencial para su funcionamiento», remarcaron.

También consideraron que «atenta la gobernabilidad e incluso resulta inconstitucional ya que el Artículo 95 de la Constitución Nacional, reformado en 1994, dispone que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente».

«Al extenderse el plazo del período electoral, y de la campaña, más allá de lo razonable, e incluso, traspasándose el límite previsto en nuestra Constitución Nacional, licúa el poder del Gobierno hasta el traspaso del mando; se debe considerar que, en nuestro país, éste no es un tema menor, dadas las experiencias vividas en las transiciones de diferentes gobiernos», remarcaron.

También, pusieron de relieve el tema del gasto: «Incrementa innecesaria y considerablemente el gasto electoral (se estima que para este año 2022, las PASO implicarán un gasto de 22.500 millones de pesos), financiado por el Estado (y que deberían financiar los propios partidos políticos), sometiendo al electorado -además- a un extenso y agotador calendario electoral».

El tema genera expectativas en el oficialismo parlamentario, que ya hace números para ver si es posible la aprobación de un proyecto. El aval requiere los votos de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara baja, 129 sobre 257, por tratarse de una reforma de carácter electoral. Juntos por el Cambio (JxC) ya se expresó en contra; Córdoba Federal lo hizo a favor; por lo que ‘a priori’ la definición estaría en manos de bloques intermedios, como los «libertarios».